Washington, 23 feb (PL) Los alivios migratorios para indocumentados en Estados Unidos enfrentan hoy un complicado escenario, matizado por el enfrentamiento entre demócratas y republicanos en el Congreso y la presión de 26 estados por descarrilar la acción de la Casa Blanca.
La decisión del juez federal Andrew Hanen, en Brownsville (Texas), que frena temporalmente la puesta en marcha de las mejoras desató polémicas entre los favorecidos y entre grupos de poder que se oponen a ceder en medidas que beneficien a muchos de los más de 11 millones de personas que viven en la sombra en el país.
Hanen decidió que la administración del presidente Barack Obama tiene que suspender temporalmente la puesta en marcha de la expansión del programa de «acción diferida» (DACA) para jóvenes nacidos en el país hijos de inmigrantes y otro similar para adultos, conocido por sus siglas en inglés «DAPA».
La paralización será mientras se resuelve una demanda de los estados contra el plan.
Sin embargo, no se pronunció sobre la legalidad o constitucionalidad de la acción ejecutiva anunciada el 20 de noviembre, aunque entendidos estiman que su fallo sugiere, en última instancia, que decidirá que estas se hicieron de forma ilegal.
Los argumentos de Hanen indican que el mandatario no cumplió con los requisitos establecidos dentro del «Acta de Procedimientos Administrativos» (APA, en inglés), que exige que el gobierno anuncie la puesta en marcha de regulaciones federales en el diario oficial (Federal Register) y haya un período de comentarios públicos.
Al respecto, expertos legales estiman que esa ley federal no aplica a medidas ejecutivas y que, en todo caso, un escenario posible es que la administración de Obama inicie ese proceso para responder a la queja del magistrado de Texas.
El caso de los 26 estados tiene una interpretación más simple, pues tradicionalmente es el gobierno federal el que decide sobre la política migratoria, y más aún cuando esas regiones no han demostrado que la acción de la Casa Blanca les causará un gran daño.
Con toda claridad el Gobierno sentó pautas y ya el Departamento de Justicia comenzó un proceso de reclamación de la decisión ante el quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Luisiana), para dejar sin efecto el fallo del juez Hanen.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, opina que el caso finalmente se decidirá en una instancia superior, si no en el Tribunal Supremo, y que el fallo de Texas es un tan solo un paso en el largo proceso judicial.
El tribunal de Nueva Orleans puede suspender el fallo de Hanen, con lo cual se pondrían en marcha los alivios migratorios de inmediato, o dejarlo en pie, por lo que el gobierno federal tendría que esperar a que se cumpla todo el proceso del litigio, algo que podría tomar varias semanas o meses, y cada parte a su vez puede apelar.
Si el proceso se prolonga, el Tribunal Supremo, si sigue su tradición de defender los poderes del Ejecutivo, puede reiterar que el gobierno federal es el que tiene las tareas de hacer cumplir las leyes migratorias, no los estados.
Por lo pronto, la decisión de Hanen, un juez nombrado bajo la administración de George W. Bush, solo demoraría la expansión del «DACA» y el nuevo «DAPA», cuyos beneficiarios serían más de cuatro millones de personas.
Según Eric Price, un fiscal de Migración en Los Ángeles con los presidentes Bush y Obama, es obvio que el juez en Texas está protagonizando un juego político, ya que diferentes mandatarios han proclamado acciones diferidas sobre inmigrantes sin publicarlas en el Diario Oficial y nunca ha sido un problema para ser implementadas.
La demora o no del proceso, evidencia una vez más que la política migratoria en Estados Unidos es rehén de intereses partidistas, estiman comentaristas políticos.
Alivios para inmigrantes en EE.UU. enfrentan complicado escenario
