Madrid, 23 feb (PL) La Comunidad de Madrid (gobierno capitalino) defendió hoy el sistema de pagos a jueces, fiscales y magistrados, a través de la multinacional Indra por la asesoría para el funcionamiento de un nuevo sistema informático judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió una nota informativa sobre el interés de esa entidad por conocer los detalles de pagos a 32 jueces y magistrados de unos 200 mil euros desde 2011.
La Comunidad de Madrid afirma que se exigían las recomendaciones y supervisiones de especialistas jurídicos con el fin de poner a punto el nuevo sistema computarizado.
Pero la decisión del CGPJ esta relacionada con dudas surgidas sobre el método de pago a los juristas por un servicio fuera de su contenido habitual de trabajo para asesorar la puesta en práctica de un nuevo sistema de trámites de casos judiciales.
Según revela el diario El País, la CGPJ llamó a consultas al presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, para analizar la compatibilidad con la ley vigente de los referidos desembolsos.
De acuerdo con la legislación para el trabajo de jueces, fiscales y magistrados, su función es incompatible con otro empleo, cargo o posición retribuida, salvo lo vinculado a docencia, investigación jurídica o producción literaria, artística o científica.
El rotativo afirma que la comunidad jurídica madrileña transmitió la exigencia de los letrados para ofrecer compensaciones por un trabajo adicional, función que fue encomendada a la multinacional Indra, ganadora del concurso para desarrollar el sistema informático.
De su lado, Vieira afirma que todos los pagos fueron informados al Ministerio de Hacienda, mientras consideró innecesario consultar para ello al CGPJ, pues se trataba de un sistema informático en beneficio del propio trabajo judicial.
Indra, que factura al año unos 12 millones de euros, fue contratada para entregar las sumas referidas a través de la Agencia Informática y de Comunicaciones de Madrid (ICM).
Las relaciones entre Indra y la ICM, destaca El País, son investigadas por el juez de la audiencia nacional Eloy Velasco en relación con la llamada Operación Púnica sobre indicios del empleo de facturas ficticias.
Gobierno madrileño defiende pago a jueces por asesoría técnica
