(Agencias) Se generaliza la protesta en contra de la privatización del agua en el país, y en el caso del Distrito Federal, asambleístas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) convocaron a una movilización social y sumarse a una resistencia civil pacífica.
En el caso de los perredistas, diputados locales y federales llamaron a una movilización social para detener el ultraje en contra de la mayoría de los mexicanos, al pretender con la nueva Ley General del Agua -que quieren aprobar PRI (Partido Revolucionario Institucional), PAN (Partido Acción Nacional), PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y Panal (Partido Nueva Alianza)-, privatizar este servicio vital para la población, con lo que se atenta en contra del acceso al agua como derecho humano, tal como lo contempla el Artículo 4º Constitucional.
Los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como los diputados federales Aleida Alavés, Socorro Ceceña, Alejandro Sánchez Camacho y Gabriel Orihuela, manifestaron que el próximo martes, cuando se espera que en el Pleno de la Cámara de Diputados se discuta dicha legislación, se movilizarán frente al Palacio legislativo de San Lázaro.
En tanto, el diputado de MC, Óscar Moguel Ballado, convocó a todas las fuerzas vivas del país a sumarse a la resistencia civil pacífica nacional en contra de la legislación por decreto que pretende privatizar los recursos hídricos de la nación y la conculcación del derecho humano al agua del Artículo 4º Constitucional.
En entrevista, el legislador local aseguró que se trata de imponer una nueva Ley General de Aguas (LGA) por parte del Poder Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, frente a los oídos sordos del Poder Judicial.
Para evitar un conflicto que lastimaría a todos los sectores de la nación propuso que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhorte al Senado de la República a establecer un diálogo franco, democrático, plural y transparente donde se tomen en cuenta a todas las voces de la sociedad para generar una ley más humana, ecologista y socialmente útil para la nación.
Afirmó que los grupos empresariales, entre ellos Higa, podrán utilizar los caudales de aguas nacionales a su antojo y emplear deliberadamente la técnica del fracking para extracción de gas lutita; además de explotar los minerales que a su paso encuentren.
Moguel Ballado externó su preocupación de que “la sangre llegue al río” toda vez que se está atentando en contra de un bien preciado por la humanidad, el acceso humano al agua potable de la que depende la conservación de la vida humana y la subsistencia de ecosistemas y todo tipo.
Inclusive, dijo que en la ciudad de México los problemas de desabasto de agua potable de calidad y la falta de servicios óptimos de drenaje, con la eventual privatización, generarán un estallido social que tendrá resonancia en todo el territorio nacional.
Apunto que el rechazo de la izquierda mexicana a la Ley General de Aguas se fundamenta en varios apartados del dictamen aprobado, por mayoría y no por unanimidad.
Por su parte, Aleida Alavés y Sánchez Camacho sostuvieron que promoverán una mención suspensiva para que no se discuta en el pleno camaral, pero de persistir la posición de la derecha, no descartan la toma de tribuna, y de concretarse este nuevo agravio a la ciudadanía, buscarán promover un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Alejandro Ojeda llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a su homóloga en el Distrito Federal, para que intervengan mediante recomendaciones y así evitar la aprobación de la LGA que se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
En caso de concretarse ente nuevo atentado contra los intereses de la mayoría de los mexicanos, solicitó a los organismos defensores de los derechos humanos promover una acción de inconstitucionalidad, pues se atenta contra el Artículo 4º Constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.
Explicó que lo que se pretende aprobar en el pleno de San Lázaro, tiene la intención de privatizar el agua, ya que en el cuerpo del dictamen se viola el derecho humano de acceso al agua; al tiempo que se da prioridad a concesiones de agua a particulares, ello en detrimento de la responsabilidad del Estado de garantizar el abasto del vital líquido a la población.
Una vez más, dijo, las empresas consentidas del gobierno federal serán beneficiadas, como es el caso del acueducto Monterrey, donde se ponderan más los intereses del Grupo Higa, que los reclamos de la sociedad organizada que se ha manifestado en contra de dicho proyecto.
Aleida Alavés Ruiz, aseguró que en caso de que el PRIAN y sus aliados del PVEM y Panal perpetren una canallada más contra los mexicanos, agotarán las vías legales en la defensa del derecho humano al agua, por lo que la controversia constitucional es uno de los caminos, ya que la Suprema Corte de la Nación ya ha resuelto en la materia.
En el caso del Distrito Federal, advirtió, las tarifas podrían elevarse hasta en un 300 por ciento, toda vez que Conagua establecerá lineamientos para que las autoridades locales cobren el agua a costo real; de lo contrario, no recibirán recursos federales en materia de agua. Esto significa el secuestro de las tarifas y el chantaje y sometimiento de los gobiernos locales.
Agregó que el agua es un derecho humano garantizado en el artículo Cuarto Constitucional, pero es ignorado en la propuesta peñista, al desaparecer la media internacional de entre 50 y 100 litros diarios para consumo humano y sustituirlo por una redacción tramposa que no establece una cantidad mínima y da pie a muchos atropellos, en particular con la población de escasos recursos económicos que no podrá pagar ni el consumo mínimo.
En tanto, el diputado Gabriel Godínez Jiménez, presidente de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), declaró que de aprobarse por el Congreso dicha ley, condenaría a millones de personas a sobrevivir con una dotación del mínimo vital de agua, y no por la cantidad mínima de 50 a 100 litros diarios por persona que establece el Artículo 4° Constitucional, por lo que debe no debe permitirse la aprobación de esta ley anticonstitucional y antidemocrática.
Señaló que debe analizarse a fondo el tema de la privatización del agua porque pese a que sea aprobada por la aplanadora PRI, PAN, PVEM y Panal en la Cámara de Diputados, existe el recurso de inconstitucionalidad para defender el derecho humano al agua.
Explicó que con el 33 por ciento de los diputados de la ALDF se promovería una controversia constitucional de aprobarse por el Congreso de la Unión la ley en comento.
Esta Ley, dijo, afectará en gran medida la economía de millones de familias capitalinas al incrementarse los montos en los recibos de cobros bimestrales del agua, además de agravar en todos los sentidos la problemática hídrica en la ciudad de México.