(Agencias) La Procuraduría General de la República (PGR), no transparentó la investigación realizada por el homicidio de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, con el argumento de que tras una búsqueda minuciosa y exhaustiva, no encontró una copia de la averiguación que consignó.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en dos ocasiones (14 de enero y 24 de febrero), había señalado a la PGR que estaba obligada a entregar versiones públicas del expediente, ya que no procedían los argumentos esgrimidos para no hacerlo, como la reserva del mismo o el que ya no lo tuviera tras enviarlo a un juzgado.
Por lo que en un documento expedido el 9 de marzo, la Procuraduría rechazó entregar los datos solicitados por un reportero, en torno a los peritajes practicados.
“El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (…) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la dependencia en el oficio sin firma.
La averiguación y el pliego de consignación que la PGR dice ya no tener, son los expedientes en donde se encuentras enumeradas y asentadas todas las pruebas con las que fueron consignados once militares por los hechos ocurridos en Tlatlaya, aunque solo tres de ellos acusados de homicidio.
Para dar esta respuesta, la PGR había solicitado una ampliación al periodo original de 20 días que marca la ley con el objetivo, según dijo la misma dependencia, de realizar una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” de la información requerida.
En el documento entregado tras ese periodo, la dependencia señaló que turnó directamente la petición de información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizado (SEIDO) que a su vez solicitó los datos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, en donde contestaron que ya no tienen nada.
Para recordar, el 30 de junio del 2014 en la localidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, fueron ejecutados civiles a manos de soldados, por lo que en octubre del año pasado, la PGR consignó ante un juez la averiguación relacionada con dichos actos.
Los principales acusados fueron tres soldados del 102 batallón de Infantería, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a los que se les imputó homicidio. El único mando involucrado, según la procuraduría, fue el teniente Ezequiel Rodríguez, procesado por encubrimiento.
A partir de ese anuncio, la PGR recibió una solicitud de transparencia para que se dieran a conocer los peritajes del caso, pero se negó a hacerlo argumentando que el expediente estaba reservado por doce años.