Gabriel Castillo García.
Llevan siete años de lucha inagotable los ejidatarios de Tláhuac, en busca de recuperar sus tierras de cultivo de las que fueron despojados por fraccionadores del Estado de México, por un lado, y por otro los funcionarios de la administración del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, para construir la terminal Tláhuac, del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), así como los talleres de ese medio de transportación colectiva que a resumidas cuentas resultó un mega fraude tanto para el erario público del gobierno capitalino por más de mil millones de pesos y un peligro para los usuarios por la serie de irregularidades que podrían causar una tragedia.
Hasta la fecha, todos los ejidatarios despojados de sus tierras utilizadas para el cultivo de maíz, frijol, entre otros productos comestibles, han seguido luchando pero sus esfuerzos han resultado inútiles, y ni siquiera han logrado que se las paguen.
En estos hechos se han visto envueltos comisariados ejidal de Tláhuac, diputados locales como Juan Carlos Leyte,
quién quién obtuvo millonarias cantidades de dinero por «venderse con el gobierno capitalino», de acuerdo a los informes de algunas de las víctimas.
El individuo goza y disfruta el dinero obtenido y la «¡justicia!», «¿donde quedó?». Solamente la divina podrá sancionarlo por la penal se encuentra opacada.
Marcelo Ebrard Causaubón, en aquel entonces jefe del gobierno capitalino, así como su compañero Joel Ortega Cuevas, titular de la Secretaria de Seguridad Pública Local, así como funcionarios menores del gobierno local, incluyendo a los del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y a los de la delegación política de Tláhuac,
utilizaron la fuerza, la violencia y las amenazas de muerte para arrancar de sus parcelas a los verdaderos propietarios.
Pero antes de que esto sucediera, fraccionadores del Estado de México, también hicieron lo mismo con la finalidad de urbanizar la zona ejidal de Tláhuac, edificada sobre los canales de Texcoco y Xochimilco, sin importarles que más adelante pudieran suceder derrumbes o inundaciones.
Aquí, aparece un relato de varios ejidatarios a quienes no solamente despojaron de sus tierras, sino que portando armas de fuego de alto calibre destruyeron sus humildes viviendas, así como los lugares donde se encontraban sus animalitos que vendían para ganarse la vida.
Gabriela Chávez y Lidia Valeriana, son dos de las tantas personas que relataron los viacrucis que vivieron a manos de las autoridades locales que se quedaron con sus tierras para edificar la línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), que al final de cuentas resultó un megafraude que puede quedar impune ante la negligencia de
las actuales autoridades del GDF para integrar el expediente y ponerlo en manos de un juez penal del fuero común.
Las víctimas de estos lamentables hechos, denunciaron los mismos ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, pero el jefe de ellos, era nada más que Marcelo Ebrard Casaubón y por lógica no podían actuar contra su superior y los afectados afirmaron “no haber vendido sus parcelas para la
construcción de la línea Dorada”.
Otra que nada más les “doró la píldora” fue la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, ya que recibió e integró las quejas pero no las continuó.
Gabriela Chávez, comentó que en el 2012, fue víctima de amenazas de muerte por parte de un grupo de golpeadores enviados por las autoridades del Gobierno Capitalino, quienes la mantuvieron privada de su libertad y no la soltaron hasta que no cedió la documentación de sus tierras.
Explicó que en San Francisco Tlaltenco, elementos de la Secretaria de Seguridad Local, cuyo titular en esas fechas era Joel Ortega Cuevas, la mantuvieron tres días privada de su libertad.
De esa forma el gobierno de Marcelo Ebrard, fuero y flamante diputado por Movimiento Ciudadano, se apoderó de las tierras para construir la terminal y los talleres de la línea 12 del Metro, la cual resultó un
megafraude que amenaza con quedar impune.
Gabriela Chávez, afirmó que de esa manera “la gente del gobierno capitalino, me dejó en la vil calle, destruyeron mi vivienda y mi principal fuente de ingresos ( la crianza y venta de animales de corral y el cultivo de nopales), ingresos que nos permitían subsistir a mí, a mis hijos y a algunos de mis hermanos”.
SE QUEJO EN LA CDH-DF
Por su parte, la ejidataria Lidia Valeriana, señaló a los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDH-DF, no haber vendido su parcela y acusó a las autoridades del Gobierno capitalino que en ese momento encabezaba Marcelo Ebrard Causabón, de mandarle policías y golpeadores para obligarla a ceder sus tierras. La mujer presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Distrito Federal quién integró la averiguación previa 01245/09/07 por los delitos de invasión y despojo.
La averiguación quedó archivada y empolvada porque nadie hizo nada para evitar que la mujer fuera despojada de sus tierras de cultivo.
DENUNCIAN AL GDF POR VARIOS DELITOS.
Francisco Jiménez, representante del ejido de Tlaltenco, a través de su abogado defensor Jorge Prián, en esos momentos, sostuvo que la acción del gobierno capitalino, de personal del Metro y la Policía Preventiva, “violento el orden jurídico, ya que las acciones en su contra provocaron varios delitos, mismos que denunciaron ante el
agente del MP pero hasta ahí llegó todo”.
Por su parte, Jorge Prian, señaló que el GDF en esos momentos incurrió en grave desacato, pues las diversas instancias fueron notificadas en su momento, por lo que hay responsabilidades que fincar por medio del
MP federal, ya que no respetaron los dos amparos que habían logrado los ejidatarios contra el despojo de sus tierras de cultivo.
Cuando fueron atacados por policías montados y civiles, los ejidatarios acusaron a los funcionarios del Metro, así como a las autoridades de la delegación política de Tláhuac.
Se enteraron que los agresores fueron enviados por el director general de Desarrollo Económico y rural, Víctor Cadena, quién giró órdenes para quitarles las parcelas.
Los ejidatarios de Tláhuac, mediante el juicio 643/2009 desconocieron al comisariado ejidal Juan Carlos Leyte Chavarría, también en esos momentos diputado local. Lo calificaron de “Judas” por venderse con
Marcelo Ebrard Causaubón e incluso entregar un mapa de los terrenos falso.
Las víctimas quienes tienen la esperanza de algún día cobrar la venta de sus tierras para poder sobrevivir y ven como los “delincuentes con rango de funcionarios” como calificaron a Marcelo Ebrard Casaubón, son beneficiados con cargos de elección popular en lugar de ser castigados por los delitos cometidos.
Indicaron que los funcionarios del Metro, encabezado por José Franco, de Concertación Política del Metro, aseguraban haber adquirido las parcelas, pero se negaron a presentar los documentos que acreditaran
la transacción, por lo que los ejidatarios mantenían su exigencia de que se retiraran, pues además los acusaron, al igual que a los elementos de la SSP-DF, de violentar la ley agraria, pues el terreno es ejidal e incursionaron sin autorización.
MÁS DESPOJOS A EJIDATARIOS
Por su parte, el comisariado ejidal de la comunidad de Santa Martha, perteneciente a la delegación de Tláhuac, José Abel González, denunció que sus tierras de cultivo habían sido invadidas por personas procedentes del Estado de México del municipio de Chalco y que pese a las denuncias ante la autoridad mexiquense, nadie les ha hecho caso.
Dijo que las invasiones se han realizado impunemente y de forma masiva con personas que llegan fuertemente armadas y desalojan bajo amenazas a las familias de los ejidatarios.
Especificó que las autoridades judiciales del Estado de México se a integrar las averiguaciones previas por lo que acusaron al gobierno estatal de solapar las invasiones.
Señaló: “Fuimos despojados de manera violenta y con armas de fuego desde hace dos años de nuestras tierras de cultivo. Estos hechos los hemos denunciado ante las fiscalías del Estado de México con sede en Texcoco y Amecameca, en el municipio de Valle de Chalco, con la Secretaría de Asuntos Metropolitanos, pero nadie nos escucha”.
Explicó el denunciante que las invasiones se han realizado impunemente y de forma masiva con personas que llegan fuertemente armadas y desalojan bajo amenazas de muerte a las familias de los ejidatarios.
Señaló que esto sucedió dos años antes de que los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, corrieran la misma suerte con el gobierno capitalino, al quitarles de manera violenta sus tierras para construir la terminal del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, así como los talleres.
José Abel González, comentó que ante la falta de atención por parte de las autoridades judiciales ubicadas en los municipios mencionados, cerca de 800 ejidatarios de Tlahuác, decidieron trasladarse a la capital del Estado de México.
Sin embargo, a la altura de la Marquesa, fueron interceptados por el grupo antimotines de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, SSC, del Estado de México quienes les impidieron continuar su camino hacia la explanada situada frente al inmueble del gobierno estatal.
Finalmente, el líder de ejidatarios explicó que hasta el momento siguen luchando por recuperar sus tierras de cultivo o bien que les cubran el precio de las mismas pero no han logrado ser escuchados.
Uno de los ejidatarios de Tlaltenco, Prisciliano Gutiérrez Chaparro, dijo que “se les está exigiendo que presenten los documentos que acrediten la transacción, ya que no se vale que quieran robar nuestro patrimonio”
Ejidatarios destacaron que a pesar de que en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario establece que en el caso de seis parcelas sus poseedores están obligados a ceder una franja de 40 metros, el GDF se apropió de las parcelas completas, como fue el caso de Ramón Mendoza, a quien le destruyeron su cultivo de calabaza y maíz, así como su
bodega de herramientas, sin darle tiempo de salvar algo. Todo lo perdió.
Pero adentro del ejido, y luego de ver la paliza que le dieron a su vecino Raymundo Hernández, de 35 años, frente a su esposa embarazada, Rosario Zamudio, de 40 años, los cuales fueron desalojados con lujo de violencia de la parcela contigua y destruida su vivienda, y ante el temor de que los granaderos y policías montados arremetieran contra los niños, mujeres y ancianos refugiados en la casa, cedieron a entregar sus parcelas.
Al final, por 2 mil 500 metros cuadrados sólo le dieron 800 mil pesos, mientras que a su sobrino, a quien el jueves le destruyeron su vivienda con todo y sus pertenencias, únicamente le otorgaron 200 mil pesos por una parcela de 2 mil 500 metros cuadrados.
DELFINO GARCES, TRANSÓ TERRENOS CON FRACCIONADORES.
Ejidatarios tanto de Tláhuac como de Xochimilco, señalaron que el entonces director general de la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal, Delfino Garcés Martínez, se confabuló con fraccionadores clandestinos para la venta de terrenos ejidales, y advirtieron que su nombramiento traerá “repercusiones negativas” para sus ejidos”.
En una carta enviada desde el 23 de febrero de 2009, los representantes ejidales advirtieron al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que “la intervención de Delfino Garcés Martínez en nuestros núcleos agrarios y, más aún, en la propia delegación (Tláhuac), ha provocado diversos problemas que incluye un sinnúmero de acciones que afectan nuestros intereses”.
La misiva, emitida una semana después del nombramiento de Garcés como director general de Corena, también fue enviada al secretario de Gobierno del DF, José Ávila; a la secretaria del Medio Ambiente del DF, Martha Delgado, y al contralor general del DF, Ricardo García, sin obtener hasta ahora ninguna respuesta.
Señalaron a Garcés Martínez, Garcés de ser gestor –en esa época- de derechos agrarios a personas ajenas al núcleo, de buscar el apoyo y beneficio de recursos públicos a unos cuantos sin tener derechos y necesidades, así como de abanderar a grupos que no tienen corresponsabilidad para la protección de los recursos naturales.
Finalmente, indicaron que en esa fecha enviaron un comunicado a Marcelo Ebrard, a través del cual le indicaron que Delfino Garcés Martínez, “a su paso por distingos cargos, tanto en la administración pública como de elección popular, lejos de aportar beneficios a la comunidad ha generado problemas y divisionismo, debido a que sus
aspiraciones son inminentemente políticas y, principalmente, personales”.