Ciudad de México.- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal revocó ayer la sentencia a Marlis Cupil ex funcionaria del Gobierno de Andrés Granier sujeta a proceso por delitos federales de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal, y que además, escondió 88.5 millones de pesos en la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca, Tabasco, en 2013.
Cupil también enfrentaba los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla, en las instancias judiciales del fueron común.
Ayer, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal determinaron por unanimidad dejar sin efecto la orden de aprehensión, al dar curso al amparo que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito había negado en agosto de 2013.
“Se revoca le sentencia recurrida a Marlis Cupil y se concede, de manera lisa y llana, el amparo y protección de la justicia federal.
“Ya no hay otro recurso. Marlis está completamente libre”, celebró al abogado defensor Xavier Olea, al confirmar que su clienta ganó el amparo en revisión número 045/2014.
Marlis Cupil ocupó el cargo de secretaria de José Manuel Saiz Pineda extesorero durante el Gobierno de Andrés Granier Melo.
Saiz Pineda ha sido considerado el real dueño de loa 88.5 millones de pesos encontrados en la ranchería Las Lomitas, municipio de Nacajuca, en 2013.
El ex tesorero de Granier se encuentra sujeto a proceso en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) por los presuntos delitos federales de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal; también por peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla, del fueron común.
Marlis Cupil evadió la justicia durante dos años 11 meses.
El 22 de mayo del 2013, autoridades estatales encontraron 88.5 millones de pesos en efectivo en una refaccionaria de la ranchería Lomitas, Nacajuca, propiedad del padre de Marlis, ex secretaria del ex tesorero Saiz Pineda.
Dos días después, Marlis apareció en una cama de un hospital del Distrito Federal, denunciando que había sido torturada por la policía y que sus declaraciones, imputando a Saiz como dueño del dinero, se la habían sacado a la fuerza.
Sus abogados presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien en su recomendación 042/2013 dio la razón a Marlis.
La recomendación de la CNDH formó parte de los alegatos de la defensa para probar violaciones a los derechos humanos.
El fallo del Cuarto Tribunal Colegiado podría favorecer al exsecretario de Finanzas Saiz Pineda contra las acusaciones de lavado de dinero que imputó la Procuraduría General de la República (PGR), pues aparecía con Marlis en la misma causa penal número 056/2013.
La exoneración de Marlis es el tercer caso de ex funcionarios de Granier que recuperan la libertad.
En 2014, abandonaron la prisión la exjefa de cajeras de la Secretaría de Finanzas, Esperanza Mayo Martínez, y Rosa Mélida López Villanueva, exdirectora de Atención al Público de la Policía Estatal de Caminos, luego de permanecer casi un año en prisión.
La primera había sido acusada del delito de uso de recursos de procedencia ilícita en su modalidad de custodia, y la segundad, de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Otra que podría recuperar la libertad es la exdirectora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Clisceria Rodríguez, sujeta a proceso por extorsión y entregar un cheque sin fondo de la dependencia en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) que provocó un quebranto de casi 30 millones de pesos a la administración de Tabasco.
En febrero pasado la exfuncionaria ganó el juicio de amparo 2213/2013 en el Juzgado Primero de Distrito, pero el agente del Ministerio Público del fuero común interpuso recurso de revisión.
El juez ordenó dejar “insubsistente” el auto de formal prisión dictado en contra de Clisceria por la juez Primero Penal, Antonia Trinidad.
Ese fallo pidió a la Juez Trinidad liberar a la ex funcionaria, debido a que no encontró pruebas suficientes para mantener en prisión.
Abogados de la extitular de la CEAS confían en que será ratificado por el Tribunal Colegiado en amparo que se encuentra en revisión.
Fuente: InsurgentePress