Guatemala, 25 may (PL) El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, insistió hoy que no renunciará al cargo y que mantendrá el poder hasta enero de 2016, mientras descartó por ahora una Asamblea Nacional Constituyente como demandan los campesinos.
«No es el momento de una Asamblea Nacional Constituyente debido a que ya hay un proceso electoral convocado y que ya tienen candidatos presidenciales inscritos y proclamados, y es por cuestión de tiempo», declaró el jefe de Estado.
Admitió que se necesitan transformaciones dentro del sistema, pero recordó que hay un proceso electoral que no se puede cambiar porque si no es romper con la Carta Magna.
Las declaraciones de Pérez Molina se dieron en el marco del segundo foro de negocios entre el Sistema de Integración Centroamericana y Japón celebrado en esta capital.
Miles de campesinos e indígenas exigieron el pasado miércoles la dimisión del mandatario, mientras demandaron un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en medio de la crisis política que atraviesa Guatemala.
«El nuevo Estado tiene que ser unitario, plurinacional y reconocer las autonomías de los territorios indígenas», se leía en un volante que repartió en la marcha la vicepresidenta de la Junta Directiva del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), Vicenta Jerónimo.
En declaraciones a Prensa Latina, Jerónimo dijo que «es hora de que el pueblo se levante porque nos damos cuenta que la corrupción está en todos los niveles dentro de los organismos del Estado».
Aquel mismo día fueron arrestados el presidente del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, y otras 14 personas, señalados de estar involucrados en un supuesto fraude.
Los allanamientos fueron por «la adjudicación anómala en un contrato de 116 millones de quetzales (15,18 millones de dólares), a favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala, para servicio de diálisis peritoneal para pacientes del IGSS», informó el Ministerio Público.
Según los fiscales, los aprehendidos se habrían quedado con el 15 o 16 por ciento del total del monto del contrato.
Decenas de manifestaciones ocurrieron en el país centroamericano desde el pasado 16 de abril, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público desmantelaron una red dedicada a la defraudación fiscal.
La Cicig y la Fiscalía señalan como el presunto líder de la estructura denominada La Línea a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien dimitió el 8 de mayo anterior.
Casi 60 mil personas protestaron el 16 de mayo en la capitalina Plaza de la Constitución en contra del gobernante y los funcionarios corruptos.
Presidente guatemalteco insiste en descartar renuncia al cargo
