A fin de garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas, grupos o comunidades en situación de desventaja o exclusión social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregará cada año un Reconocimiento a la Responsabilidad Sociala los abogados que, a través del trabajo pro bono, de manera altruista defiendan casos de ciudadanos de escasos recursos.
Así lo anunció el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que la CNDH dará testimonio ante la sociedad mexicana de los trabajos y esfuerzos que, de manera generosa, puedan emprender los despachos profesionales independientes en el área jurídica.
Al clausurar el Seminario Internacional “La Abogacía en México: su Responsabilidad Social y el Sistema Pro Bono”, González Pérez destacó la importancia que para la Comisión Nacional tiene que lo previsto en el artículo 17 constitucional sea realidad no sólo para unos cuantos, sino para todos los mexicanos.
Lograr la vigencia real de los derechos de las personas es una cuestión que nos debe incumbir a todos, dijo, y agregó que “sin la acción conjunta y coordinada de autoridades y sociedad, los derechos humanos en México no podrán tener plena vigencia”.
González Pérez convocó a los abogados del país a solidarizarse con la sociedad y materializar las conclusiones a que llegaron los especialistas que participaron en el Seminario, organizado por la CNDH y la UNAM, entre los que destacan:
La abogacía sirve al interés público de la justicia, y tiene obligaciones no sólo con el cliente, sus compañeros, jueces y tribunales, los poderes públicos y colegios de abogados, sino fundamentalmente con la sociedad.
El cumplimiento de las obligaciones sociales de los abogados es parte fundamental de su ejercicio profesional y elemento necesario para la consolidación del estado de derecho y la preservación de la paz social.
El acceso a la justicia de mexicanos de escasos recursos debe posibilitarse mediante la acción de los abogados en lo particular y de los mecanismos de defensoría pública dependientes del Estado.
La participación de abogados en tareas de asesoramiento y formación para colectivos o comunidades con necesidad de recursos para la más plena realización del derecho en materia de justicia efectiva y del Estado de Derecho, es fundamental y debe promoverse tanto por los colegios de abogados, como por las universidades y las entidades de educación superior, haya o no colegiación obligatoria.
Finalmente se enfatizó en la necesidad de inculcar la cultura de la responsabilidad social de la abogacía y del trabajo pro bono como expresión tangible de la misma en la formación de los abogados, y que la colegiación obligatoria de los abogados es el medio idóneo para organizar y promover un ejercicio profesional responsable ética y socialmente, y un servicio social y trabajo pro bono realizado, medido y reportado.
En la ceremonia de clausura, con el Ombudsman nacional estuvieron presentes, Jorge Madrazo Cuéllar, Director del Centro de Estudios sobre México de la Universidad de Seattle, y Óscar Cruz Barney, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se llevó a cabo el Seminario.