Por Annet Martínez*
La Habana (PL) Los cambios socio-económicos, la informatización de la sociedad, la transferencia y la obtención de bienes materiales por los ciudadanos y el Estado, hacen que los registros públicos tengan el reto de ser cada vez más veraces y eficientes.
Estos desempeñan un importante papel como salvaguarda del capital social, formando parte del gran caudal estratégico con que cuentan los países para promover y desarrollar la economía a partir de la correcta utilización e inscripción de los bienes mobiliarios, inmobiliarios y mercantiles.
Sobre el tema dialogaron delegados asistentes al recién concluido XXVIII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, una cita celebrada por primera vez en Cuba.
En ella cientos de especialistas -reunidos en el capitalino Palacio de Convenciones- constituyeron sus agendas con temáticas como la modernización del registro de la propiedad, la inscripción de personas naturales y jurídicas, y el registro de las sociedades mercantiles.
También incluyó la importancia de la actividad registral para la integración latinoamericana y su función como garante en la inversión extranjera.
Durante la inauguración del evento la ministra cubana de Justicia, María Esther Reus, destacó que la cita era un espacio de intercambio y motivación para los registradores de la isla, quienes desarrollan una amplia labor en el perfeccionamiento del sistema.
En este marco, el presidente administrativo del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Carlos Manuel Díaz, señaló a Prensa Latina que los registros participan en el reordenamiento social, dando publicidad a los derechos que sobre los bienes materiales tienen las personas.
Estos ofrecen garantías a los ciudadanos para actos de transferencia e inscripción del dominio sobre tales bienes, sentenció.
Agregó que deben ser cada vez más fiables y con garantías para la correcta documentación y presentación ante la ley de los derechos ciudadanos y del Estado.
AMÉRICA LATINA Y SU CONTEXTO REGISTRAL
En la cita delegados de Perú, Paraguay, Guatemala, Uruguay y Honduras, entre otros, representaron los intereses nacionales, dando a conocer las actuales coyunturas por la que atraviesan sus países en los temas registral y jurídico.
Al respecto la registradora pública peruana Diana Veliz comentó a Prensa Latina que en el contexto actual latinoamericano el registrador público pasa a ser un servidor social de las relaciones patrimoniales y de ahí la necesidad de su fortalecimiento regional.
Recordó que años atrás se veía la figura del registrador como un «simple servidor», pero «ahora va mucho más allá de eso, pues tiene grandes implicaciones y funciones en la situación económica de cada país».
Veliz destacó que velan por la seguridad jurídica, la cual influye en la confiabilidad de las inversiones públicas y en el desarrollo económico.
Además, contribuyen a la promoción de la inversión extranjera y el afianzamiento de los inversionistas a partir de un sistema registral eficaz y verídico.
Por su parte, la directora de los registros públicos de Paraguay, Lourdes González, dijo que la corrupción y las falsedades que se dan en el tráfico comercial de los bienes registrables es una de las problemáticas que enfrenta hoy Latinoamérica.
Indicó que la seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales de las sociedades y que está en manos de los notarios.
Agregó que es necesario afianzar estos procesos en todos los países de la región a fin de asegurarles -a los ciudadanos- la propiedad de su bien más preciado, la tierra.
González apuntó que en su país existe una oficina jurídica donde se reciben todas las denuncias que la sociedad civil efectúa en torno a los hechos delictivos vinculados con la propiedad registral y el tráfico de bienes.
«Experiencia que venimos a compartir con el resto de los países del área, así como los mecanismo que hemos instaurados para afianzar la seguridad jurídica», recalcó.
UN CONSEJO REGISTRAL INTEGRACIONISTA
En este marco se inserta la propuesta presentada por los especialistas cubanos asistentes al encuentro, quienes dieron a conocer las posibilidades que otorgaría la creación de un Consejo Registral Latinoamericano.
La institución devendría sitio para el intercambio de conocimientos, la superación tecnológica y la seguridad jurídica, comentó el cubano Ángel Hurtado.
Informó que el registro de la propiedad mantiene un control efectivo sobre los bienes inmuebles en posesión tanto de personas naturales como jurídicas y regulariza su tráfico.
Por lo que, agregó, desde el Consejo podrían suscribirse convenios con el fin de evitar acciones ilícitas a través de los bienes inmuebles.
«Si logramos hacer algo que nos una, ello puede servir para protegernos de esas actividades ilegales que tienen repercusión en los bienes, tanto jurídicos como de personas naturales», recalcó.
EL PAPEL REGISTRAL EN LA INVERSIûN EXTRANJERA
Cuba cuenta con 167 oficinas registrales -distribuidas en todo el territorio- sujetas a un programa detallado de modernización en busca de mayor perfeccionamiento de los servicios.
A partir del desarrollo del sistema mercantil cubano, la flexibilización de los trámites que realiza la población y la informatización de la sociedad, fue necesario emprender un reordenamiento de la actividad registral.
Al respecto, el viceministro cubano de Justicia, Francisco García, informó que en el registro de la propiedad son inscritos los bienes que se aportan a un negocio con capital extranjero, ofreciéndoles garantías y seguridad jurídica a los inversionistas.
De ahí su papel tan importante en el contexto económico actual de la isla con vistas a la consolidación de las inversiones de capital foráneo, enfatizó.
En este caso, agregó, Cuba puede aportar al capital extranjero el suelo, una instalación o una fábrica.
Para ello deben quedar perfectamente asentados con todas sus características, en el registro de la propiedad, ofreciéndoles garantías y seguridad jurídica a los inversionistas, destacó.
«Ahí no solo constan todas las particularidades del inmueble sino también el derecho que se ha trasmitido a la constitución de esa empresa por una entidad cubana o por el Estado», señaló.
García comentó que en el caso de las empresas mixtas creadas en el país, estas son inscritas en el registro mercantil para personas jurídicas, permitiéndoles ejercer su derecho y actuar en el tráfico jurídico y económico de la isla.
El referido XXVIII Encuentro invitó a continuar el trabajo de perfeccionar y potenciar la función registral en todos los países de la región y con ello preservar la paz y el derecho de los pueblos.