Atribuyen a funcionarios demora en alertar fuga de El Chapo

México, 19 jul (PL) Dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y tres de la División de Inteligencia de la Policía Federal son inculpados hoy en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad.
El diario La Jornada indica que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ejerció acción penal contra siete servidores públicos como responsables de la demora en dar el alerta el sábado 11 de julio, cuando escapó el narcotraficante.
Esta alerta oportuna permitiría que personal de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República activaran los protocolos de emergencia y evitar así la evasión, revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.
Según el rotativo, las fuentes consultadas señalaron que tres de ellos eran de la División de Inteligencia de la Policía Federal y debían vigilar las cámaras del Centro Federal de Readaptación Social número 1, del Altiplano, en particular del área y dormitorio de Guzmán.
Los otros dos laboraban en el Cisen y tenían que estar atentos en todo momento a los monitores que recibían de manera directa la imagen del jefe del cartel de Sinaloa.
Asimismo, agrega que los registros gubernamentales no poseen datos sobre la trayectoria, asignación departamental y rango de los cinco funcionarios de estas áreas, consideradas órganos fundamentales de las tareas de inteligencia del Estado mexicano.
Añade que sin embargo registros judiciales señalan que los consignados por la Procuraduría General de la República son siete y divulga los nombres.
Dos de ellos laboraban directamente en el penal del Altiplano, el primer centro penitenciario de alta seguridad en México, construido entre 1988 y 1990, y que entró en operación el 25 de mayo de 1991, añade La Jornada.
Mientras, los cinco funcionarios del área de inteligencia trabajaban en la capital del país.
El periódico menciona que el papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía y el orden constitucional, así como el desarrollo económico, social y político del país.

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