RED LATINOAMERICANA DE SAOPAULO CONTRA LA IMPUNIDAD Y
FORO PERMANENTE CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y GENOCIDIO
6 DE AGOSTO DE 2015
LIC. RODOLFO RÍOS GARZA,
PROCURADOR DE JUSTICIA DEL D.F.
Por este conducto le solicitamos a nombre de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos del Foro de Sao Paulo y el Foro Permanente contra Desaparición Forzada y Genocidio que en el caso del multihomicidio de la Narvarte se evite dejar de considerar cualquier hipótesis y se mantengan todas las líneas de investigación por salud pública y transparencia en el manejo de la impartición de la Justicia, por lo que demandamos que el Ministerio Público convoque a declarar a lo que a su derecho convenga al Gobernador de Veracruz, César Duarte, quien a su vez, debe de solicitar inmediatamente licencia al cargo para salvaguardar la estabilidad político y social del estado, así como para que pueda coadyuvar en las investigaciones que se realizan en torno a este caso.
Es una preocupación creciente por parte de dueños de medios de comunicación, profesionales del periodismo, activistas defensores de derechos humanos y sociedad en general por lo que nuestra participación está enmarcada como un derecho a coadyuvar desde la sociedad civil en estos lamentables acontecimientos que debieron evitarse y que hoy la sociedad completa debate.
Siendo la Impunidad el signo que lacera y lastima a la sociedad mexicana es momento de demostrar con este caso que los cargos públicos y fueros constitucionales no son un obstáculo suficiente para encontrar la verdad de los hechos y procurar la justicia que se demanda.
Desafortunadamente, algunos funcionarios del gobierno de Veracruz han sido señalados por parte de las víctimas en medios digitales como presuntos responsables de un desenlace fatal por lo que la sociedad entera reclama que el Ministerio Público cite a todas aquellas autoridades señaladas por parte de las víctimas para que contribuyan en las diligencias y se aclare lo antes posible y con mayor sigilo y confidencialidad en el manejo de la información ante la opinión pública, el grado de responsabilidad que podrían o no tener, en los lamentables acontecimientos de la Narvarte, salvaguardando los derechos humanos de las víctimas.
Es imprescindible que se apliquen todos los protocolos de protección existentes ahora sí, a favor de los defensores de derechos humanos y periodistas ya que es incomprensible la serie de omisiones en que incurrieron los responsables de los órganos responsables de velar estos derechos a nivel estatal y nacional, dejando en la indefensión tanto a la activista y como al periodista, por lo que hemos solicitado también audiencia con el Subprocurador de Derechos Humanos, Campa Ciprían a efecto de revisar la eficacia de los protocolos de protección existentes.
Asimismo, consideramos que las investigaciones no deben de abandonar la visión de género, actos crueles como la tortura y violencia física y sexual que sufrieron las víctimas y correlacionarla indudablemente con la actividad profesional de Rubén y Nadia en el estado de Veracruz, en donde se tienen registrados 15 homicidios relacionados con esta perspectiva, configurando con ello, un escenario propenso a crímenes sistematizados contra un grupo particular por sus ideas y actividad específica.
De tal manera, que lo que ocurre en el estado de Veracruz y otras entidades de la Federación se contempla en el Derecho Público Internacional como Crímenes de Lesa Humanidad, tipificado claramente en las Cortes Penales Internacionales y que en nuestro país se han negado a legislar en su completa complejidad e integralidad, omitiendo también su responsabilidad una vez más, los titulares de los diferentes órganos autónomos garantes de los derechos humanos para promover el marco se apruebe el marco legal que norme este tipo de delitos con una visión integral de los crímenes de lesa humanidad.
Lo que está sucediendo en el país es parte de la descomposición social, la creciente impunidad y falta de eficacia de las instituciones del Estado, el abuso del poder, los excesos y uso indebido de la fuerza lícita e ilícita que el Estado tiene a la mano. La descomposición, la ingobernabilidad que se vive en ciertas zonas del país, las limitaciones normativas y jurídicas, el achicamiento e incapacidad del Estado en resolver su principal función que es la certeza jurídica y la paz social, son elementos que enturbian al tejido social.
En suma, ninguna línea de investigación se descarta, no se exonera a ningún probable responsable, el MP cita a todos los que están señalados como probables responsables de un desenlace fatal, se ofrecen todas las garantías de protección con una visión de género y de derechos humanos, y se configure un crimen de Lesa Humanidad lo que sucede en el estado Veracruz, según el derecho público internacional y sus protocolos internacionles.
ALFREDO ROJAS DÍAZ DURÁN, ROMÁN DÍAZ, ESTEBAN LARIOS, MAGDALENA DEL SOCORO NUÑEZ, TANIA VALENTINA,