Por las diferentes versiones que se han filtrado por el feminicidio de cuatro mujeres y el asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa, ocurrido el pasado 31 de julio, organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la PGJDF ajustar la investigación a los estándares mínimos de derechos humanos para la protección de las víctimas.
Asimismo, las agrupaciones civiles le recuerdan que «la filtración de información incumple con las obligaciones estatales de garantizar el acceso a la justicia».
En un pronunciamiento que dieron a conocer el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Comunicación Comunitaria, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros, afirmaron que desde que se dio a conocer el multihomicidio, la información difundida ha afectado las garantías de las víctimas directas e indirectas.
En su opinión, la investigación «está propiciando un inadecuado manejo de la información, desacreditando, discriminando y estigmatizando a las víctimas por su nacionalidad, sexo, ocupación o hábitos».
Argumentaron que las filtraciones de información, contradictoria de cómo se dieron los hechos, así como de la obtención de pruebas de los probables responsables es «sumamente relevante para el caso, sobre todo, cuando los perpetradores están aún prófugos».
También señalaron que la PGJDF debe ajustar la investigación con estricto cumplimiento de los protocolos para garantizar la credibilidad en los resultados y, con ello, se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso.
Las agrupaciones demandan la aplicación de los protocolos para la investigación de feminicidio, la incorporación de la perspectiva de género ante las características de la violencia perpetrada contra las víctimas y agotar todas las líneas de investigación en el caso del fotoperiodista