InsurgentePress/Ciudad de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto envió este lunes un legajo de reglamentos para dar operatividad a la reforma constitucional de disciplina financiera que evitaría el sobre-endeudamiento de entidades y municipios.
La Ley de Disciplina Financiera que pretende evitar el endeudamiento indiscriminado de gobiernos estatales y ayuntamientos, entró en vigor desde el pasado 27 de mayo.
“En un proceso largo, después de casi dos años se llegó a un acuerdo político en el Congreso para establecer los principios para el endeudamiento de los estados”, dijo el secretario de Hacienda Luis Videgaray, durante el envío de la ley reglamentaria al Poder Legislativo.
Explicó que la deuda de los estados representa apenas 3 por ciento del PIB, con una tendencia creciente en algunos gobiernos que incluso enfrentan problemas para el pago a contratistas y proveedores.
Cifras de Hacienda indican que de 2008 a 2013 la deuda creció de 2.7 a 3.1 por ciento del PIB, que según Videgaray se ha conseguido reducir a 2.9% en los dos últimos años.
Las cifras de México contrastan con el 7% de Argentina o el 12% de Brasil.
De acuerdo con la Ley, los gobiernos estatales considerados estables en sus pasivos podrán endeudarse hasta en un 10% más, las que estén en observación 5% y las que enfrentan pasivos elevados no podrán hacerlo.
La ley prevé un apartado que obliga a los estados a que hacer públicos todos sus pasivos.
Videgaray indicó que la Ley de moverá en torno a tres ejes: responsabilidad, transparencia y colaboración.
Destacan confianza
El Presidente Peña Nieto dijo que en medio de la volatilidad y turbulencia que sufren los mercados internacionales, la ley de disciplina fiscal para los estados indica que México es responsable, en el que se puede confiar.
En el contexto financiero actual, los grandes empresas solo invertirán y generarán empleos en países que ofrezcan certidumbre.
La reforma incluye reglas y estándares para la contratación de deuda, la creación de un registro público único (para el registro de todos los pasivos), el establecimiento de sistemas de alertas y la oportunidad de que algunos estados cuenten con el aval del Gobierno Federal para la contratación de deuda.