La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe otorgar la facultad Inai para liberar información sin la intervención de otra autoridad, diferenciar a los sujetos obligados y mejorar en el rubro de derechos humanos, coincidieron integrantes de ese organismo, especialistas y senadores.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se refirió a las declaraciones del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que esa instancia no es la autoridad competente para reconvenir las posiciones de los legisladores federales y, en particular, de quienes promovieron la iniciativa de ley en materia de transparencia.
En audiencia pública en el Senado, enfatizó en que no se le pueden establecer responsabilidades de carácter genérico a la administración pública federal, menos aun cuando su ley orgánica otorga facultades y competencias específicas a cada una de las dependencias que integran el poder Ejecutivo federal.
En cuanto a derechos humanos, aún se puede mejorar el proyecto sin que haya controversia entre los órganos autónomos constitucionales, como por ejemplo, entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la ley federal en la materia servirá como base para el ejercicio del derecho a la información, a fin de que se conozca cómo se ejerce el poder público y las razones por las que se toman las decisiones.
Asimismo, reconoció la labor de los comisionados del Inai, porque la institución determina un parámetro de observación que no se debe ignorar en el Senado, porque de ello depende la existencia, en un futuro, de instrumentos jurídicos e institucionales para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, precisó que la negociación y discusión del proyecto se lleva a cabo entre senadores de la República, “para que no quede ninguna duda”.
Detalló que el proyecto incluye a los sujetos obligados, las atribuciones del Inai y obligaciones específicas para el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.
Además, dijo, incorpora algunas obligaciones para la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las empresas del Estado mexicano y el Fondo Mexicano del Petróleo.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó la importancia de discutir el proyecto y consideró que la norma debe ampliar y facilitar el derecho humano a la información y solicitó aclarar el Artículo 158 del proyecto, para que el consejero jurídico del gobierno sea solamente del Ejecutivo federal.
La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, también del PAN, planteó la necesidad de desarrollar aún más las obligaciones en materia de transparencia para sectores de la administración pública federal, pues no se trata de copiar y pegar las disposiciones de la ley general a la legislación federal.
Lizbeth Hernández Lecona, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que se trata de un tema de educación, por lo que debe llevarse a niveles básicos para que se entienda la cultura de la transparencia.
Expuso que los órganos de los estados deben legitimar y llevar a cabo esta cultura de transparencia, y de ahí abordar el tema de lineamientos y programas, a fin de homologarlos en la ley general, con el propósito de que la gente entienda los pasos a seguir para dar cumplimiento a esa ley.
Por separado, Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, expuso que el propósito de los legisladores fue crear una ley especializada a nivel federal; por lo tanto, lo que no fue previsto en la general para instituciones o sectores de la administración pública federal sí debe incluirse en esta nueva pieza legislativa.
A su parecer, los legisladores deben hacer un esfuerzo para que no haya contradicciones en el proyecto y, de esta manera, evitar litigios que vulneren el derecho a la información de los ciudadanos.
En su intervención, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, destacó la necesidad de incluir en la redacción del borrador de la ley general una parte que fue eliminada respecto a la posibilidad de que el Inai pueda declarar el interés público de la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente.
Consideró que la definición de cada uno de los elementos de la prueba de daño limita la posibilidad de interpretación de derecho y su progresividad en un análisis caso por caso.
De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, la inclusión de nuevos supuestos de confidencialidad que vulneran los principios y bases de la ley general podría derivar en mecanismos para la restricción del derecho a la información.