(Agencias) El informe de los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para valorar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en México muestra la incompetencia gubernamental para encontrarlos, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
En ese contexto activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, exigieron sancionar al ex procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que inventó la versión de que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Ademas, solicitaron la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y de Enrique Galindo Ceballos, jefe de la Policía Federal, encargados de la fallida investigación para dar con los responsables de la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, Guerrero, desde el 26 de septiembre de 2014.
A través de un comunicado, Amnistía Internacional (AI) dijo que el informe ha dejado al descubierto “la absoluta incompetencia y falta de voluntad del Gobierno para encontrar y castigar a los responsables“.
“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” apunta en el documento Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta mañana y tras concluir un periodo de seis meses de investigaciones, los expertos presentaron sus conclusiones, denunciaron numerosas irregularidades y negaron la posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en un basurero, como asegura la versión oficial.
“México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, agrega Guevara-Rosas.
El gobierno debe por lo tanto “dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción” y “responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”
Por ello, exigió AI, el Gobierno mexicano tiene que implementar de inmediato todas las recomendaciones del grupo de expertos y llevar a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones.
En ese contexto, padres de los normalistas desaparecidos de manera forzada pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto una reunión para que asuma compromisos del informe que presentaron expertos de la CIDH, antes del 10 de septiembre.
También demandaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permanezca de manera indefinida para en el País.
En rueda de prensa en las instalaciones del Centro Miguel Agustín Pro, pidieron castigar a Murillo Karam, además, las renuncias de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y de Enrique Galindo Ceballos, jefe de la Policía Federal, responsables de la fallida investigación.
Los padres también solicitaron reabrir la investigación para llamar a declarar a elementos del Ejército, Policía Federal y estatal.
Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, anunció que el próximo 23 de septiembre los familiares iniciarán un ayuno y el 26 harán una marcha en la Ciudad de México.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, afirmó que con el informe del GIEI queda confirmada la participación del Ejército y diferentes corporaciones federales y estatales en los hechos violentos.
El defensor sostuvo que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) es insuficiente y carecen de pruebas científicas.
De igual forma, reprochó que el documento de la CIDH no haya sido incluido en la Averiguación Previa, como prometió la PGR.