México: un año sin los 43

México (PL) Pasó un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sus padres cumplen un ayuno en el Zócalo de la capital mexicana y se aprestan a marchar hacia la casa presidencial de Los Pinos.
Para quien se haya perdido todo este año transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014, encuentra que los estudiantes no han aparecido ni se ha hecho justicia con los responsables de su desaparición.
En esa fecha, en la noche, la policía de Iguala asesinó a tres civiles, incluido un menor, e hirió a una veintena de personas al reprimir a estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Todo parece indicar que el entonces alcalde, José Luis Abarca, ordenó la represión de los normalistas que concluyó con la desaparición de los 43 estudiantes.
De entonces a la fecha las protestas y movilizaciones no han cesado en México, cuyas autoridades prácticamente dieron por cerrado el caso al concluir que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, contiguo a Iguala, en el estado de Guerrero.
«Esa es la verdad histórica», dijo en su momento el ahora exprocurador Jesús Murillo. Sin embargo forenses argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (Giei) de la OEA concluyeron que no hay evidencias científicas para tal afirmación.
CARA A CARA CON EL PRESIDENTE
La segunda reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tuvo lugar en vísperas del primer aniversario del llamado crimen de Iguala, ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.
El encuentro fue una exigencia de los padres de los normalistas y de la comunidad de la escuela rural Raúl Isidro Burgos, junto a abogados y organizaciones sociales que reclaman el regreso con vida de los jóvenes.
La cita no fue esta vez en la residencia presidencial de Los Pinos donde se vieron la cara por primera vez el 29 de octubre del pasado año. El Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad pareció un terreno neutral para el difícil diálogo entre las partes.
Un pliego con ocho reclamos fue recibido de su puño y letra por Peña Nieto de parte de los padres y madres de Ayotzinapa. Replantear la búsqueda con una unidad especializada y supervisión internacional, y que se investigue «el montaje con que se pretendió engañar a las familias», fueron exigencias duras para el jefe del Ejecutivo.
Según el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, por los de Ayotzinapa participaron un centenar de personas, además de sus abogados. También estuvieron en el encuentro los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (Giei), quienes en la ocasión entregaron al mandatario su informe sobre el caso.
Del lado gubernamental Peña Nieto estuvo acompañado por altos cargos del ejecutivo y  numerosos funcionarios relacionados con la investigación. Sobre las ocho demandas recibidas, el jefe de Estado encargó a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Cancillería, pronunciarse sobre su pertinencia y viabilidad.
«Entiendo su dolor y comparto su indignación», les dijo Peña Nieto. «Ustedes y yo buscamos lo mismo, saber qué paso con todos y cada uno de sus hijos», acotó para luego subrayar que la pesquisa sobre el paradero de los 43 no ha concluido y las autoridades están comprometidas a saber qué pasó con cada uno de ellos.
El Presidente giró instrucciones a sus subalternos, aunque la mayoría ya habían sido emitidas públicamente sin conseguir el deseo expreso del mandatario de ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, los de Ayotzinapa expresaron posteriormente su inconformidad con los compromisos presidenciales.
No obtuvimos nada, dijeron en conferencia de prensa posterior en el Zócalo capitalino.
La creación de una fiscalía especial sobre los desaparecidos, solicitada por congresistas y representantes civiles, resultó la novedad anunciada por el gobernante mexicano.
A su turno, la Procuraduría General de la República (PGR) informó respecto a 111 detenidos involucrados con el asunto, de ellos 52 policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 40 de la organización criminal Guerreros Unidos. Entre estos últimos, el 16 de septiembre cayó en manos de las autoridades Gildardo López, alias El Gil, acusado de ordenar el homicidio de los 43.
Siguen tras las rejas el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, señalados como autores intelectuales de la matanza aquella fatídica noche.
Hasta la fecha, según la PGR, se realizaron 674 dictámenes periciales, 135 muestras de ADN, 577 declaraciones ministeriales, 167 inspecciones con brigadas policiales, miles de patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos con ese fin y otros 94 con aviones no tripulados.
Un año después del crimen, la PGR volverá a investigar, incluso con expertos internacionales, si los normalistas fueron incinerados o no en el basurero de Cocula, en Guerrero, tal y como la versión oficial así lo aseguró.
A la par, incorporará nuevas líneas de pesquisas propuestas por el Giei, entre ellas la que vincula al narcotráfico con la desaparición de los 43. Además, reiteró Peña Nieto, los expertos internacionales fueron invitados a continuar las pesquisas en el país por otros seis meses.
Quizás no habrá que esperar otro año para llegar al fondo de los sucesos de Iguala y Cocula; mientras, la justicia espera.