Más de 80 por ciento de las quejas por violencia patrimonial y económica son por incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia, aseguró la directora de Inmujeres DF, Teresa Incháustegui Romero.
Por ello propuso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que aborde este asunto y haga las reformas necesarias con el fin de que quienes no cumplan sus obligaciones económicas, se conviertan en un deudores públicos y que el pago sea retroactivo.
Durante la instalación de la Comisión para la Igualdad de Género de la ALDF, la funcionaria comentó que el tema de la pensión alimentaria es uno de los problemas más graves que afecta a las mujeres y a los niños abandonados por el padre.
Declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia donde se reconoce el derecho a la pensión alimenticia desde el momento del nacimiento.
Dicha resolución manda un mensaje importante sobre la prioridad de los derechos de los infantes a la pensión alimentaria, así como al cuidado y la atención que merecen de sus padres, detalló la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) .
Aproximadamente 60 por ciento de las quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) son por despidos injustificados de embarazadas, refirió.
Incháustegui Romero añadió que las ciudadanas emiten hoy en día 60 por ciento de los votos en los comicios, sin que ello se traduzca en la ocupación de cargos públicos de alto nivel.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la ALDF, Nury Delia Ruiz Ovando, informó a su vez que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2016 para la ciudad de México, cabildeará la asignación de más recursos para fortalecer la lucha contra la trata de personas.
Reconoció que al respecto existe una labor pendiente en la capital del país y que es necesario armonizar las disposiciones que contemplan el Código Penal y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
El objetivo es evitar que existan contradicciones o lagunas legales que impidan sancionar a los responsables de crímenes de este tipo, expuso la legisladora del partido Movimiento Ciudadano.
Ruiz Ovando urgió a impulsar de manera conjunta entre la Asamblea Legislativa, el Gobierno del Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil, campañas de prevención sobre la trata de personas.
“Apoyaremos las ya existentes, sin embargo considero que es necesario plantear nuevas estrategias de difusión con la finalidad de tener una mayor cobertura, para lograr que la información llegue a todos los rincones de la ciudad”, dijo.
También apoyará nuevas políticas públicas encausadas a promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al tiempo de reconocer las acciones que sobre este tema han emprendido las diferentes instituciones del gobierno local, así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las asociaciones civiles.