El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que a partir de mañana y hasta el 31 de diciembre próximo tomará a su cargo exclusivo el ejercicio de facultades de comprobación fiscal del gobierno del estado de Sonora, por incumplir con el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Además, dicha entidad deberá reintegrar a la federación 70.2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos que fueron reportados de manera incorrecta al Fondo de Fiscalización, ahora llamado Fondo de Fiscalización y Recaudación.
Mediante un comunicado, el SAT da a conocer que el gobierno de Sonora dejará de ejercer, en el periodo de referencia, las facultades de comprobación y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes.
Este jueves, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda publicó el aviso al estado de Sonora, en el que aclara que a partir del 1 de enero de 2016, éste retomará las mencionas facultades.
El SAT refiere que esa determinación es resultado de un proceso que inició a principios del año en curso, derivado de tres denuncias anónimas en las que se expuso un beneficio a 574 contribuyentes mediante 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del estado de Sonora.
Menciona que de acuerdo con la información proporcionada, se señaló un monto de mil 705 millones de pesos que se dejaron de cobrar en perjuicio del fisco federal.
Subraya que en atención y seguimiento a esas denuncias, verificó 198 auditorías, detectándose diversos incumplimientos a las disposiciones legales federales y diversas anomalías en los procedimientos realizados por la entidad.
El organismo refiere que dicho seguimiento se da en el marco del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gobierno de dicha entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009.
Indica que en el análisis realizado a los expedientes que corresponden a las actuaciones de la pasada administración estatal, se comprobó que dicha gestión autorizó pagos en parcialidades de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de retenciones de este gravamen y del cobrado sobre la renta, en contravención al Código Fiscal de la Federación.
Expone que en otras auditorías se detectó que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia.
También, abunda, se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento de comprobar con el tercero las operaciones realizadas principalmente, generando con ello afectación a los intereses del fisco federal.
El SAT aclara que están en proceso las auditorías a los mismos contribuyentes y analiza la posibilidad de gestionar el correspondiente juicio de lesividad en 32 casos detectados, a fin de salvaguardar los intereses del fisco federal.