Para Conchita Castillo, en donde quiera que esté,
en un aniversario más de su triste partida.
En el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: «A la mitad de una administración, no es momento para empezar a partir de cero ni de improvisar o actuar a partir de ocurrencias».
Dicen que no es sencillo hablar de realidad en un país en la que esta se soslaya oficial y sistemáticamente, pero cuando se cumplen 36 meses de la gestión de este gobierno y se llega a la mitad del periodo, los hechos muestran la enorme deuda que tiene con la nación un gobierno que da una en el clavo y cien en la herradura, sin idea, con poca estrategia y muchas ocurrencias.
En esta mitad de sexenio no es fácil hacer un pronóstico de como vendrá la segunda parte, pues al hacer un balance de lo que ha sido la gestión, notamos que hemos pasado de la sorpresa, con un gobierno que arrancó con un impulso vertiginoso, a la decepción, con un gobierno sin idea, sin rumbo y sin liderazgo.
Esta administración inicia su segunda mitad en las más difíciles condiciones políticas y en medio de un entorno económico internacional que hará del 2016 un año muy complicado.
De acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo, hay dos maneras de enfrentarse a la realidad: o se reacciona a los cambios que otros provocan o se protagoniza el cambio. Se sube uno a la cresta de la ola o trata de sobrevivir después de la revolcada.
La consignación de una averiguación previa y la solicitud de una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, hasta hace unos días Subsecretario de Prevención del Delito, parece más el intento del presidente por librarse de un aliado incómodo, al tiempo que limpia un poco su imagen, tan vapuleada en los primeros tres años, tanto por la aparente corrupción propia, como por las tranzas y triquiñuelas de aquellos con los que se alió.
Nadie puede creer que es un acto autónomo de la fiscalía especializada, sino que es un paso bien calculado para sacudirle el polvo a la imagen presidencial manchada en la revolcada de una sucesión de escándalos en que se vio inmersa tanto por asuntos electorales, inmobiliarios y legales que hoy, con esta consignación, se buscan amainar.
Lejos se está de hacer historia, pues hasta ahora solo se pide que se obsequie la orden de captura, aunque falta que esta se otorgue, se ejecute, se siga un proceso al exfuncionario y que se logre acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado. El reconocimiento que hoy se le da al fiscal especial puede convertirse en otra decepción, si al final se consignó una averiguación «flojita» que por un tecnicismo impida que se haga justicia.
El gobierno de la República pretende que estos tres años sean evaluados únicamente por las reformas estructurales, lo cual es absurdo y peligroso.
Como primer punto se debe de apreciar que el PRI y Peña Nieto no atendieron compromisos que otros no hubieran querido, como aseveró la diputada Yulma Rocha en la instalación de esta legislatura; el PRI atendió e impulsó, por necesidad y conveniencia, lo que en doce años, por necedad, irresponsabilidad y demagogia se dedicó a obstruir.
Además se ha fallado en la implementación de las reformas, por lo que la gran negociación parlamentaria que las sacó adelante se ha tirado por la borda.
Tres años perdidos marcan la primera mitad de este sexenio, para un país que sigue esperando la tan necesaria transformación nacional, que no se dará mientras se le siga condenando a años perdidos como consecuencia de que los nuevos gobiernos repitan los mismos vicios.
Lo que se presumió como el primer gran logro de este sexenio, el Pacto por México, quedó como un instrumento incompleto, pues aunque transformó los entendimientos en acuerdos, no se diseñó una cadena operativa que los pusiera en marcha.
Si concentramos la atención en los dos aspectos más preocupantes para la sociedad mexicana que son la inseguridad y el estancamiento social, el gobierno está reprobado y no hay visos de que a futuro la situación sea distinta.
Mientras el país se tiñe de rojo, por el derramamiento de sangre, vemos con preocupación que la autoridad, lejos de hacer valer la ley para frenar la masacre, se está convirtiendo en el principal sicario.
La conclusión a la que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de la matanza de Apatzingán es una determinación que hace que se le tenga a la autoridad más miedo que confianza, pues dejó claro que en nuestro país la ley es solo una pobre referencia y que la autoridad es capaz de fabricar historias que oculten los abusos cometidos y los delitos perpetrados.
El hecho de que la policía federal realizara un montaje para justificar como un enfrentamiento lo que en realidad fue una ejecución, es muestra del debilitamiento institucional y la escasa preparación de los cuerpos policiacos; además es consecuencia de utilizar al ejército en labores propias de la policía. Según me comentó alguna vez un oficial en retiro del Ejército Mexicano, hay un grupo dentro de las fuerzas armadas al que se le encargan «operaciones especiales» y dentro de la indumentaria de la que se les dota se encuentran uniformes de la policía federal.
Apatzingán y Tlatlaya son dos casos confirmados, Tanhuato e Iguala son casi seguros y todos son ejemplo de que el Estado de Derecho está en peligro, pues la autoridad, como hace cien años, está actuando al grito de «mátalos en caliente». Si esa situación no cambia pronto, crecerá el riesgo de que el sexenio termine en una crisis de sangre y miedo.
En lo social y económico, el país ha entrado en una muy difícil situación en la que el gobierno no ha sabido generar estrategias que combatan eficazmente la pobreza y generen un desarrollo económico creciente y sostenido.
En los primeros tres años de gobierno se gastaron en programas de combate a la pobreza 68 mil millones de pesos más que en 2012. Sin embargo en los primeros dos años de esta administración se incrementó en dos millones el número de pobres en el país. Considerando la pobreza por ingresos, el incremento fue de tres millones 200 mil mexicanos.
Es necesario replantear las estrategias, entendiendo que no será la dádiva el elemento que definirá la erradicación de la pobreza, sino que esta debe ser combatida a partir de la convicción de que el mejor método es la generación de empleos y aumentando la productividad y que el gobierno debe ofrecer los incentivos al sector privado, para que éste cree los empleos y capacite a su personal, que así podrá lograr su superación laboral y la mejora de sus condiciones de vida.
«La experiencia internacional –dice Guillermo H. Cantú– muestra claramente que la acción gubernamental orientada hacia objetivos específicos, utilizando un paquete bien definido de incentivos, ha sido el elemento cardinal en las estrategias que promueven la inversión permanente en sus regiones, particularmente cuando forman parte de un programa integrado que respalde el atractivo inicial de estímulos: Mejoras en infraestructura básica, programas de educación y capacitación técnica, revisión de leyes y reglamentos que aseguren transparencia y sencillez de aplicación y la creación de un entorno macroeconómico sano.»
Con las políticas actuales tener la garantía alimentaria de todos los mexicanos tomaría 164 años, 46 para que todos los mexicanos tengan servicios de salud y 664 años para abatir el rezago educativo.
La movilidad social está estancada, pues hoy los hijos de los pobres están condenados a ser pobres, aún y aunque trabajen y, según estudios del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 48 de cada 100 hijos de pobres extremos serán pobres extremos.
Ante lo fallido de estos tres años, urge buscar nuevas rutas para conducir al país a un estado de justicia, equidad y prosperidad, que es el desesperado anhelo de una sociedad que, a la mitad del sexenio, busca mantenerse a flote, mientras llega a la otra orilla.
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