El poder Ejecutivo propuso al Senado que sean tipificados como delitos graves la desaparición de personas realizada por particulares y que el ilícito sea castigado con hasta 90 años de cárcel. En los casos de incineración o destrucción clandestina de cualquier cadáver, pide hasta ocho años de prisión.
El presidente Enrique Peña Nieto, en la iniciativa en materia de desaparición forzada, que envió el jueves al Senado, solicitó que, además de funcionarios, los particulares puedan ser acusados como responsables de desaparición forzada.
Ningún cadáver o resto humano podrá ser inhumado, incinerado o destruido sin conocer antes su identidad, según propone la iniciativa de ley.
Fuente: Notisistema