Este 2015 se activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México (Edomex) y Morelos, tras ocho años de exigencia ciudadana, en medio de presión mediática y de opiniones encontradas sobre su funcionalidad.
La activación fue un gran logro para la sociedad civil, pero su implementación evidenció la resistencia de las autoridades a reconocer que la población femenina enfrenta una condición histórica de violencia, discriminación y segregación, ya que hasta hoy nada se sabe del presupuesto local con el que opera, de la metodología para determinar las acciones que implica y de la forma en que se evaluará su impacto.
Además, las dos Alertas decretadas este año por la Secretaría de Gobernación (Segob) son apenas una mínima respuesta a la violencia feminicida que ocurre en el país, pues la activación del mecanismo ha sido solicitada en 16 ocasiones, seis en este año, para 14 entidades.
UNA INICIATIVA FEMINISTA
La Alerta de Género se diseñó como parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), propuesta e impulsada por una bancada feminista en la LX Legislatura del Congreso de la Unión (2006-2009), y aprobada hace ocho años.
Feministas como Marcela Lagarde y legisladoras como Angélica de la Peña y, Martha Lucia Micher Camarena, trabajaron para que en la Ley se definieran los tipos y modalidades de violencia que enfrentan las mexicanas y se determinaran las obligaciones del Estado para erradicarlas.
La Alerta se concibió como un mecanismo de protección colectiva, que actuaría de emergencia para que la federación auxiliara a los gobiernos locales cuando el clima de violencia que enfrentaran las mujeres de la localidad sobrepasara sus capacidades.
Reconocida a nivel internacional como una acción vanguardista, la AVG no ha trascendido el papel.
EL REGLAMENTO, UN CERROJO
Recién aprobada la LGAMVLV, en 2009 un grupo de mujeres triquis de Oaxaca se trasladó a la Ciudad de México para solicitar la activación de la AVG, pero su petición ni siquiera fue recibida, ya que existía el Reglamento de la ley y nadie conocía el procedimiento a seguir.
El Reglamento se aprobó con vigencia de 2009 a 2013, tiempo en el cual fue solicitada la AVG por organizaciones de Guanajuato (en dos ocasiones), Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas, pero todas se toparon con un sistema partidario que impidió poner en práctica el mecanismo.
Alicia Elena Pérez Duarte, primera fiscal de género en México, explica: la elaboración del Reglamento marca el momento en el que se distorsionó el objetivo de la AVG, pues se convirtió en un señalamiento a los gobiernos locales, al crear un procedimiento de activación politizado que sólo recaía en decisiones de representantes de gobierno.
En 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, solicitantes de la activación de la AVG en el Edomex, Nuevo León y Chiapas no aceptaron la negativa de las autoridades e interpusieron un recurso de amparo.
ESTADO DE MÉXICO, ACCIONES EN SECRETO
En julio pasado, en medio de una fuerte presión mediática, que incluso llegó a nivel internacional, y con la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de feminicidio, la Segob se vio orillada a decretar la AVG para 11 municipios mexiquenses.
Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, quedaron bajo la AVG y coinciden en que son municipios con altos índices de pobreza, rezago educativo y carencia de servicios básicos, además de altos índices de feminicidio.
Teóricamente, en estos municipios hay acciones como parte de la AVG, pero la información es escasa y el único seguimiento que se puede realizar es en un micrositio creado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que a cuenta gotas informa de las reuniones protocolarias entre funcionarios del estado.
A nivel federal no existe forma de dar seguimiento a la AVG y no se sabe cuánto recurso se asignó para su cumplimiento. Para 2015 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, recibió un total de 8 millones de pesos para las acciones de la Alerta, pero se desconoce si se transfirió parte de ese monto al gobierno mexiquense para dar cumplimiento a la Alerta.
La batalla legal de las organizaciones no ha terminado, ya que presionaron para que, recientemente, el Estado mexicano fuera condenado a pedir una disculpa pública por la tardanza en la emisión de la Alerta de Género.
De haberse decretado la AVG en el Estado de México en 2011, se hubieran evitado varias muertes de mujeres ya que, según datos oficiales, de 2011 a agosto de 2014 se registraron 162 víctimas de feminicidio en territorio mexiquense, cifra a la que deben sumarse los asesinatos dolosos de mujeres que no fueron investigados bajo el tipo penal, y que según el OCNF ascienden a más de 500 casos.
El pasado 21 de diciembre, la Segob interpuso un recurso de revisión a la sentencia; es decir, impugnó el fallo alegando que no debe disculparse, pues la AVG ya fue decretada.
GUANAJUATO, TRES VECES NEGADA
En noviembre de 2013, como parte de la costumbre política de realizar acciones cuando escalan los reclamos de la sociedad civil y cuando se había ya comprobado que el Reglamento obstaculizaba la AVG, éste se reformó.
De nuevo, Guanajuato encabezó la ofensiva y las organizaciones presentaron una solicitud donde denunciaron que a las guanajuatenses se les estaba asesinado de formas brutales, con documentación de casos donde mujeres murieron luego de que su pareja o padre les prendió fuego.
Los meses pasaron en la incertidumbre y finalmente, en junio de 2014, el gobierno de Guanajuato recibió 13 recomendaciones para detener la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, las pocas acciones realizadas valieron para que los responsables de determinar si la Alerta procedía o no, consideraran que en Guanajuato la seguridad de las mujeres estaba garantizada. Por tercera vez para el estado, la Alerta fue negada.
MORELOS, SIN INFORMACIÓN
Para Morelos, la historia fue diferente y dos semanas después de que se decretara la Alerta en el Edomex, ocho municipios de la entidad fueron declarados en alerta.
El gobierno de Graco Ramírez debía poner en marcha acciones de erradicación de la violencia en Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, debido al alto índice de asesinatos de mujeres en estos municipios.
Siendo la segunda entidad en recibir una alerta, a cuatro meses de distancia, la información oficial sobre el seguimiento a la AVG es prácticamente inexistente y parece que el triunfo de las organizaciones quedó reducido a reuniones entre funcionarios y emisión de comunicados.
ALERTAS EN ESPERA
En tanto en los estados de Colima, Michoacán, Baja California la violencia feminicida ya fue investigada por los respectivos Grupos de Trabajo que se conformaron para tal fin, y ya fueron entregadas recomendaciones al gobierno local; aunque ya se cumplió el plazo de seis meses con el que se cuenta para dar respuesta a las observaciones aún no se sabe si la AVG será decretada o no.
Lo mismo ocurrió para el municipio de Cajeme, Sonora, pues en esta entidad la AVG fue solicitada por la sociedad civil sólo para este municipio.
Actualmente dos Grupos de Trabajo distintos se encuentran investigando la violencia feminicida denunciada en Veracruz y Querétaro.
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Y en este diciembre por terminar se espera que quede conformado el Grupo de Trabajo que indagará las agresiones contra mujeres ocurridas en San Luis Potosí y en Quintana Roo, localidad que dejó de ser un paraíso turístico para convertirse en un infierno para las mujeres, como lo han definido organizaciones civiles.