Washington, 15 ene (PL) La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos postergó hoy la decisión sobre la constitucionalidad de las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama para aliviar la situación de unos cinco millones de indocumentados.
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de personas.
Por ello, el 20 de noviembre de 2014, anunció programas de «acción diferida», uno dirigido a adultos con hijos residentes o que sean ciudadanos de Estados Unidos, conocido por su sigla en inglés DAPA; y otro que beneficia a los denominados dreamers, adolescentes y jóvenes llegados al país siendo niños (DACA).
Tanto DAPA como DACA beneficiarían a unos 4,5 millones de personas al ofrecerles, como solución temporal, un permiso de trabajo durante tres años para permanecer en el territorio nacional, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan.
El 16 de febrero pasado, el juez de distrito de Texas, Andrew Hanen, frenó el avance de las medidas y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente dichas provisiones.
Con posterioridad, un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orléans, Louisiana, resolvió mantener la prohibición a las acciones del gobernante, por lo cual, el gobierno demócrata apeló ante el Tribunal Supremo.
Estos territorios argumentan que el gobierno demócrata se excedió en su autoridad al diseñar un programa que concede a millones de inmigrantes el derecho a residir y trabajar en Estados Unidos, y a recibir prestaciones.
Critican además que el gobierno dijo tener el poder de eludir estatutos establecidos sin el aviso y comentarios requeridos para tal cambio en la política que regula la inmigración.
A fines de diciembre, una encuesta de la agencia Associated Press y la empresa encuestadora GfK encontró que la mayoría de los estadounidenses favorece la adopción de una vía legal para que unos 11 millones de indocumentados que aquí residen, adquieran la ciudadanía.
Al mismo tiempo, aunque los republicanos se oponen a esta posibilidad, las cifras parecen sugerir que el tema no resulta una cuestión vital para ellos.
Seis de cada 10 estadounidenses -75 por ciento demócratas y casi la mitad de los republicanos-, son partidarios de permitir a los inmigrantes traídos de niños sin autorización quedarse en el país legalmente, indicó el estudio.
Además, el tema migratorio reviste especial importancia para casi tres de cuatro hispanos en capacidad de votar durante las elecciones presidenciales de noviembre, mientras un 56 por ciento dijo que no concibe votar por un candidato que quiera revocar las medidas de Obama.
En los comicios estadounidenses tanto demócratas como republicanos intentan atraer a los votantes latinos, los cuales, según estadísticas oficiales, pueden inclinar la balanza hacia una u otra agrupación.
Iniciativas de Obama respecto a los migrantes son postergadas por la Suprema Corte
