Respecto al hecho de que Humberto Moreira fuera detenido por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación criminal, a través de una orden de la Fiscalía Anticorrupción española, el Senador Armando Ríos Piter señaló que pareciera que los funcionarios mexicanos corruptos sólo son solapados en su país.
El también secretario de la Comisión de Gobernación, refirió que el tuit de la policía española #misióncumplida, al capturar al exgobernador de Coahuila, exhibió nuevamente, ante los ojos del mundo, una misión incumplida por parte de las autoridades mexicanas. Quedó en evidencia la profunda debilidad del sistema político y aparato de justicia, para contener los abusos sistémicos en que se nutren las élites.
Ríos Piter cuestionó ¿por qué tienen que ser otros países como España, quien persiga la corrupción en México y no el gobierno mexicano? ¿Por qué no existe la capacidad de procurar justicia por nosotros mismos? “Esto sólo puede explicarse por dos razones: la complicidad y la falta de voluntad política”, subrayó.
Ríos Piter criticó que el gobierno federal guarde silencio, y siga empeñado en promover trilladamente los beneficios de reformas estructurales. El propio gobierno debe comprender que su principal misión, en este momento de crisis, es combatir la corrupción y garantizar el Estado de derecho.
Ríos Piter recordó que se debe avanzar en la elaboración de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, para que pueda operar a la brevedad y atajar de manera efectiva, este flagelo. Además, se debe trabajar en una ley de obra pública, para cerrar las enormes fortunas que el famoso “diezmo” genera tanto en el orden federal, como estatal y municipal.
Aunado a lo anterior, el caso Moreira pone en la mesa, nuevamente, la importancia de regular la contratación de deuda pública. Si bien, se le detuvo presuntamente por lavado de dinero, debemos recordar que como gobernador incrementó la deuda de Coahuila en más de 112 veces, pasando de 323 millones de pesos en 2005 a 36,675.8 millones de pesos a septiembre de 2011.
Por tanto, debe ser prioritario cerrar las puertas a los excesos, a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, con el objetivo de regular la deuda gubernamental, especialmente a nivel estatal y municipal. Además subrayó que es necesario convocar a un pacto de “integridad” al más alto nivel.