Washington, 20 ene (PL) La fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, ratificó hoy en el Senado la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para frenar la violencia armada que provoca unos 30 mil muertos cada año en este país.
Tengo una confianza total en que esas medidas tienen sentido común, están bien pensadas y se corresponden con la autoridad constitucional de Obama, añadió Lynch ante un panel del Comité de Asignaciones de la Cámara alta que supervisa las actividades del Departamento de Justicia.
Al igual que el mandatario, la Fiscal General admitió que no cree que estas provisiones por sí solas puedan poner fin a la ola de crímenes en el país y señaló que el Congreso debe trabajar con la Casa Blanca en este tema, una aspiración que parece poco probable.
Añadió que la propuesta de presupuesto que presentará el gobernante en febrero para el año fiscal 2017 incluye 80 millones de dólares para implementar sus decisiones, principalmente con el fin de incrementar el número de expertos del FBI y de otras entidades que se encargarán de ponerlas en práctica.
Por su parte, la senadora demócrata Barbara Mikulski respaldó en la audiencia las declaraciones de la funcionaria y señaló que «necesitamos cambiar la cultura de la violencia de nuestro país y evitar que las armas estén en poder de personas que no las deben tener».
Los republicanos replicaron de inmediato los planteamientos de Lynch y acusaron al gobernante de violar el derecho constitucional a portar armamentos.
En ese sentido, el senador Richard Shelby, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara alta, dijo que dicho panel no tomará parte en los intentos del mandatario por «socavar a la Constitución y los derechos que esta protege».
El plan presentado a principios de enero por el jefe del Ejecutivo contra la violencia armada incluye una decena de acciones independientes sobre el tema, que no requieren el aval legislativo.
Entre otros aspectos, el paquete obliga a los vendedores de armamentos que realizan las transacciones por Internet y en los mercados informales y las ferias, a tener licencia y revisar los antecedentes a los posibles compradores.
Tras la masacre en diciembre de 2012 en una escuela de Newtown, Connecticut, que provocó la muerte a 20 niños y seis adultos, Obama intentó trabajar con el Congreso para establecer controles a la adquisición de armamentos.
Sin embargo, la oposición republicana y entidades de la ultraderecha estadounidense lograron bloquear en los últimos tres años esas intenciones del jefe de la Oficina Oval, con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, entidad que cabildea a favor de los productores de esos artefactos.
Fiscal General EE.UU defiende medidas de Obama sobre control de armas
