Ramón Muñoz, uno de los artífices del triunfo de Vicente Fox en el año 2000, ha señalado que «un político en funciones de gobernante tiene dos campos de acción vitales y diferentes: el gobierno de las personas y la administración de las cosas».
Es precisamente en esos dos aspectos, la administración y el gobierno, en los que el ejecutivo y su equipo han demostrado falta de idea y poca inteligencia para actuar ante las difíciles condiciones internas y externas que en cada uno de esos rubros se han presentado. Hoy, por ello, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se evidencia como un gobierno que cae en el marasmo de su propia ineptitud.
Paradójicamente gran parte de los problemas en los que la Administración Pública Federal se ve inmersa tienen su origen en decisiones tomadas por el propio Ejecutivo que, para ocultar su mediocridad, presume verdades a medias.
Mientras que se difunde que las finanzas públicas de nuestro país se han «despetrolizado» y que se ha incrementado notablemente la recaudación tributaria, lo cual es cierto, parece que la autoridad se niega a ver que la razón de que los ingresos petroleros hayan reducido su participación en los ingresos del gobierno se debe, principalmente, a que la caída de los precios –por lo que hace al entorno internacional– y el declive en la producción petrolera del país –como un factor interno– han obligado a que el gasto público dependa en menor cantidad de lo que se puede recaudar por la venta del hidrocarburo.
Uno de los grandes inconvenientes que se presenta es que el gobierno no asume la responsabilidad que le corresponde y, por ende, no toma las medidas que le corresponden para enfrentar la situación.
La muestra de ello se dio en el hecho de que, ante el escenario adverso en el que vivimos desde hace varios meses, la autoridad no pasó de buenas intenciones, pues aun cuando se anunció un recorte en el gasto del gobierno por más de 120 mil millones de pesos, en 2015 aumentó 5.2 por ciento en relación con 2014. Sobre ello cabe destacar que la Presidencia de la República gastó 51 por ciento más de su presupuesto autorizado; también existen los casos en que dos aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda, , excedieron su gasto aprobado en aproximadamente 2 mil y 7 mil millones de pesos, respectivamente.
De ello se desprende que el interés de la autoridad fue mediático, pero en los hechos quienes se apretaron el cinturón fueron otra vez los ciudadanos.
La muestra se encuentra en el hecho, también informado por la Secretaría de Hacienda, de que para el 2015 la recaudación tributaria llegó a niveles récord representando ya el 13 por ciento del PIB. Este incremento ha sido a costa de apretar a los contribuyentes y porque en 2015 se materializaron la mayor parte de los efectos de la reforma fiscal, los cuales se reflejan en una disminución de la actividad económica, una caída en la creación de empleos y en el nulo aumento en los salarios. En este sentido, la masa salarial como porcentaje del PIB pasó de representar el 28.7 por ciento a la mitad del sexenio pasado, a 18 por ciento como estimado del 2015.
Esta deficiente administración de la cosa pública por parte de este gobierno tiene su origen en el diseño de políticas económicas creadas para incrementar los recursos que este capta, sin tomar en cuenta las afectaciones en otros sectores.
La recaudación récord en el ISR se debe a un aumento en las tasas y la eliminación o reducción de deducciones fiscales contra ese gravamen, igual que en el caso del IEPS. En el caso del IVA, el incremento en la recaudación no proviene de una mayor actividad económica, sino de la homologación de la tasa en todo el país, afectando a los comerciantes de las zonas fronterizas.
Por otro lado el hecho de que la caída en los ingresos gubernamentales petroleros no fuera más profunda se debe a que la reforma energética dejó un régimen fiscal que obliga a Pemex a entregar la inmensa mayoría de sus ganancias al gobierno, sin conservar apenas para la modernización de la petrolera.
Dos estudios de Nymia Almeida, analista de Moody’s para Pemex, referían con gran claridad que la empresa entrega, vía impuestos y derechos, casi el 100 por ciento de su utilidad operativa al gobierno, mientras que la parte de la inversión se tiene que financiar casi por entero con deuda, además de que no existe una verdadera mejora de las finanzas de la petrolera con la suscripción del acuerdo pensionario con el sindicato, pues los resultados son actuariales y no tangibles en este momento, pues no le da a la paraestatal recursos para variar su situación financiera actual.
El problema de la mala situación financiera en la empresa estatal afecta a un gran número de empresas, que hoy ven con desesperación sus propias condiciones ante el retraso de pagos por parte de Pemex que llegan a más de seis meses. PEMEX es un monopsonio, es decir, para muchas empresas es su único cliente y para muchas otras es el más importante, al dejarles de pagar sus productos o servicios, las está llevando a la quiebra y generando también la alerta entre los gobiernos locales de los llamados «estados petroleros».
A pesar del anuncio gubernamental de que se respaldaría a la empresa, no existe un proyecto claro de qué hacer para ayudar a Pemex, pues el gobierno se niega a que el cambio sea fiscal y permita a la petrolera conservar recursos para invertir, explorar y hacer producir más campos petroleros, pues con ello el Ejecutivo perdería dinero que hoy está despilfarrando. Por el contrario, lo más que se ha ideado es un paliativo en el que, de acuerdo con lo publicado por Luis Miguel González en su “Caja fuerte”, NAFIN opere un sistema de factoraje para los proveedores con un costo de de TIIE+1.25 por ciento.
Y sí en la materia financiera esta administración ha fallado, en el aspecto político, en el del gobierno de las personas, ha sido un fracaso. La corrupción y la inseguridad han asentado sus reales en este país en lo que va del sexenio.
De acuerdo con el índice World Justice Project de 2015, México ocupa el lugar 79 en Estado de derecho entre poco más de cien países medidos, mientras que Transparencia Internacional ubica a nuestro país como uno de los más corruptos entre los países miembros de la de la OCDE.
El México inseguro y sin justicia se ve desde hace tiempo como algo normal. No sólo ha sido el caso de Iguala sino ahora el caso de Tierra Blanca, donde la autoridad parece ser responsable de entregar a civiles en las manos de los delincuentes. Apatzingán y Tanhuato son la muestra de la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, en el que parece que el peor delincuente es el Estado, el mismo que debe protegernos de ellos.
Las fallas del Ejecutivo en materia de seguridad son evidentes. En los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 52,724 homicidios violentos, más de la mitad de los 104,0 89 asesinatos en el sexenio de Felipe Calderón, lo que refleja una tendencia a la alza en este delito y que la nueva estrategia no ha servido.
La policía federal, en el último año, incrementó su número de efectivos en 25 por ciento al pasar de 40,000 a 51,000. Sin embargo en nada ha servido para combatir el crimen, como tampoco la detención de decenas de sus objetivos prioritarios, pues cada uno de los apresados es sustituido por cuando menos otro más ambicioso, más preparado y más violento.
Nuestros cuerpos de seguridad no son dignos de confianza ni al interior ni al exterior del país. Hace unos días una publicación reportaba que tanto la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, como el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, se rehúsan a compartir información con México por la corrupción de sus instituciones.
Hace falta un verdadero debate en la materia del que emerja un cambio verdadero en las políticas. El Mando Único puede que sea atractivo, pero también puede que no sea la solución. La oposición debe retomar su papel y generar sus ideas. Un gran error del Partido Acción Nacional ha sido el actor de manera contraria a sus postulados. A pesar de haber sostenido siempre la postura de que hay que favorecer la democracia al reducir la centralización, ha optado en este sexenio por apoyar políticas centralistas que van vinculando los programas sociales con el partido en el poder.
Por la ausencia de un proyecto que defina al México que se quiere, el gobierno ha fallado en sus campos de acción vitales. Es necesaria la acción de los ciudadanos y el cambio de rumbo para pasar de este México anquilosado a un México que de verdad, sí se mueva.
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