Tras más de un año de analizar indicios sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) cometió “serias irregularidades” que obstaculizaron sus peritajes, tales como no resguardar la evidencia física encontrada, ni el basurero de Cocula, en Guerrero.
Como ya es una práctica común de las autoridades mexicanas en los servicios periciales –evidenciadas desde los años 90 por las peritas argentinas que investigaron la desaparición de mujeres en Chihuahua–, persisten negligencias para preservar las pruebas físicas que habrían podido aportar indicios sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas desde hace 16 meses.
La evidencia física analizada y recolectada en el basurero de Cocula –donde según la versión oficial, los estudiantes fueron quemados en conjunto– apunta a que “no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes”, informaron en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mercedes Doretti, Mariana Segura y Mario González, tres de las 25 personas que conforman el EAAF.
De acuerdo con las y los expertos que presentaron los resultados de los peritajes realizados desde octubre de 2014 en ese basurero, no hay consistencia entre la evidencia física hallada por ellas y la evidencia testimonial de los imputados, la cual integra aún los expedientes de la PGR como única prueba que sustenta la “verdad histórica” con la que el ex procurador general Jesús Murillo Karam quiso explicar los hechos criminales del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“El examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperado del basurero de Cocula y de la información adicional reunida, no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y que habría arrojado como resultado la incineración en masa de 43 estudiantes desaparecidos”, dijo Doretti.
El EAAF afirmó también que hasta ahora no existe evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recolectados en el basurero –donde se iniciaron peritajes desde octubre de 2014– y los estudiantes desparecidos de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, las y los antropólogos destacaron que durante la investigación hubo “serias irregularidades” que restan certeza sobre las evidencias supuestamente halladas por la PGR, por ejemplo que el 15 de noviembre de 2015 tuvieron conocimiento de que peritos y la PGR realizaron una diligencia en el basurero de Cocula sin la presencia de las y los forenses independientes.
En esa diligencia, los peritos de la PGR presuntamente recogieron evidencia de 42 elementos balísticos, muestra de tierra y otros elementos no biológicos en un espacio previamente analizado por el EAAF, que no encontró entonces esos supuestos indicios.
La falta de certeza sobre esos 42 casquillos y las irregularidades para la realización de esa diligencia fueron planteadas en su momento por el EAAF a Murillo Karam, a quien le pidieron que evaluara la legalidad de esa evidencia.
Además, días después el equipo de antropólogas supo por medio de la PGR que desde el 7 hasta el 27 de noviembre de 2014 el basurero de Cocula no fue resguardado.
NEGLIGENCIA DESDE EL CASO JUÁREZ
La historia de negligencias se repite. En 2008, la antropóloga Mercedes Doretti denunció que desde que inició investigaciones en México en 2004 por el asesinato de mujeres desde 1933 en Ciudad Juárez, Chihuahua, encontró dispersión de restos y de documentos, pesquisas inconclusas, y muy poco apoyo por parte de las autoridades, lo que retrasó su indagación.
En su momento, el EAAF señaló que cuando analizaron la escena del crimen en los cientos de expedientes de mujeres asesinadas encontraron aseveraciones sin fundamento criminalístico, un diagnóstico inapropiado sobre la causa y modo de las muertes, así como de los signos de violencia sexual.
En la investigación por el caso Ayotzinapa, el EAAF informó que no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero (con rasgos entre sí de haber sido quemados en diferentes momentos) con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río San Juan, también en Guerrero, de donde proviene la única identificación hasta la fecha del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio.
Sobre los restos de ese estudiante, el grupo de forenses precisó que persisten interrogantes sobre su procedencia, ya que el equipo fue notificado por policías ministeriales sobre el supuesto hallazgo de una bolsa con restos humanos mientras realizaban diligencias en Cocula.
Según su relato, las antropólogas fueron llevadas por personal de la PGR hasta el río San Juan, donde ya estaba colocada en el suelo la bolsa que contenía los restos con los que se identificó a Alexander, y que supuestamente había sido rescatada por marinos (aunque la primera versión señalaba que por buzos de la Policía Federal).
Llamó la atención de las peritas que el resto óseo de Alexander era diferente en tamaño a los otros restos humanos encontrados dentro de la bolsa y en el basurero, por lo que solicitaron por escrito y en más de una ocasión a la PGR que mostrara la cadena de custodia de la bolsa, que es un sistema de control y registro que se aplica a los indicios probatorios desde su localización y descubrimiento.
Pese a la importancia de la cadena de custodia –alertó el EAAF–, entonces no hubo respuesta a la solicitud, así como para una entrevista con los marinos que participaron en el rescate, por lo que a la fecha las especialistas desconocen dónde exactamente fue hallado este resto.
DESCUIDO DE EVIDENCIAS, LA CONSTANTE
No es nueva la ausencia o la ruptura de las cadenas de custodia, sobre todo en casos de mujeres desaparecidas o que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron abandonados, lo que incluso derivó en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hiciera recomendaciones muy puntuales sobre cómo definir protocolos de investigación ministerial, para la identificación de restos de personas.
Estos resultados confirman los hallazgos que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertas Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó el pasado 6 de septiembre, con los cuales aseveraron que la “verdad histórica” anunciada en enero de 2015 por Murillo Karam no se sustentaba científicamente.
Los peritajes también muestran que en el lugar se encontraron 132 casquillos –entre ellos de armas largas, que según la versión oficial no fueron usadas–, que pudieron haber sido activados en diferentes momentos.
Igualmente se hallaron restos humanos (al menos de 19 personas) muy fragmentados y mezclados con restos animales, los cuales muestran distintos grados de incineración, probablemente porque se quemaron en diferentes momentos, distintos incendios pequeños, o porque hubo manipulación en la zona.
Por ello, el EAAF reportó que sus resultados ya fueron entregados a la PGR y que hizo un segundo envío de muestras al laboratorio de la Universidad de Innsbruk, en Austria.
Además, propuso que ambos equipos de especialistas independientes se reúnan con la PGR para determinar si es pertinente realizar un tercer peritaje en el basurero de Cocula, aunque a decir de las expertas ya se cuenta con evidencia científica suficiente para determinar que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
A propósito, las madres de los normalistas desaparecidos –presentes en la presentación del informe del EAAF– exigieron que con esta nueva prueba se investigue y castigue a quienes fincaron la presunta “verdad histórica”, además de que ya no se realice otro peritaje en Cocula porque es un “distractor” que impide concentrar todos los esfuerzos en las nuevas líneas de investigación..
Fuente: Cimacnoticias