(Insurgentepress) Armando dejó todo atrás. Casa, empleo, amigos. Vivía en San Fernando, Tamaulipas y en los primero días del 2015 “cuando secuestraron a mi abuelo, subí lo que pude a la camioneta y decidí emigrar a Texas junto con mis esposa e hijos”. En el pueblo toda la gente que pudo, familias de clase media y alta, abandonaron por miedo, por el riesgo de ser “levantados”, secuestrados, extorsionados o asesinados.
“Mucha gente que yo conozco desaparecieron. Al mecánico del pueblo lo desaparecieron según porque era halcón. Un día llegaron los marinos y le dieron su santa madriza, a los dos meses unos sicarios lo levantaron y ya no lo volvieron a ver”.
“No les miento creó que una tercera parre del pueblo se movió para la Estados Unidos o Monterrey. Cada familia tiene mínimo alguien que le secuestraron o está muerto. Un amigo de mi padre que también vivía en Estados Unidos le secuestraron a su esposa y a su hija de 18 años en San Fernando, Tamaulipas. Nunca aparecieron. A los pocos meses se suicidó en Houston”, comentó Armando, quien es parte de la cifra de los desplazados de la violencia en México.
Al respecto la investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Laura Rubio Díaz destaca en su libro “”Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana” que el éxodo forzado en México por la violencia asciende 281 mil 418 personas, de las cuales 30 mil han dejado sus hogares por conflictos de tierra y de intolerancia religiosa en Estados como Chiapas y Oaxaca.
En un artículo en la Revista Nexos elaborado de forma conjunta con la investigadora Brenda Pérez Vázquez, señalan que la “catástrofe de seguridad pública” y derechos humanos que vive el país desde 2007, resultado de la estrategia de seguridad tanto del gobierno de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Contrario a lo que se cree en el actual sexenio hay un incremento en el desplazamiento forzado.
El foco rojo en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha dado en el Estado de Guerrero, donde ocurrió la matanza de estudiantes de Iguala. En dos años, de 2012 a 2014, se registraron 26 de los 121 éxodos masivos.
En el artículo “Desplazados por violencia. La tragedia invisible” las investigadoras indican que desde 2011 a la fecha se han dado 154 episodios de desplazamientos masivos que han afectado a más de 10 mil familias en 15 estados del país que coinciden con el mapa “rojo” de la violencia. Es decir Sinaloa, Morelos, Durango, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Tamaulipas, entre otros.
De acuerdo al Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de 2007 a 2011 sólo de Ciudad Juárez fueron desplazadas 254 mil 426 personas. De ellas se estima que 115 mil (41%) cruzaron a Estados Unidos.
Tamaulipas se volvió sombrío en 2014 y 2015. En este periodo hubo un éxodo significativo de estudiantes de las cuatro principales ciudades del estado: Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa; así como de otros municipios agrícolas como San Fernando, Antiguo Morelos y Ocampo.
Asociaciones estudiantiles tamaulipecas calculan que más de 15 mil estudiantes y sus familias han abandonado el estado en búsqueda de mejores condiciones educativas y de seguridad en otras partes del país y en el estado de Texas en Estados Unidos. Tan sólo en la Universidad de Texas en Brownsville, por ejemplo, de los 400 estudiantes extranjeros que se inscribieron en este periodo 71% son mexicanos.
De la cifra de más de 281 mil desplazados en México en los últimos años, la investigadora del ITAM, Laura Rubio Díaz considera que es una cifra “conservadora” ya que una encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad señala que el fenómeno podría alcanzar los 1.6 millones de personas.
Destaca que el 75% de las personas que huyen son mujeres o niños, y que lo hacen ante la muerte o desaparición del jefe de familia. El éxodo se da en tres formas: gota a gota, gradual y repentina. El primero se refiere a la salida de pequeños grupos de personas o individuos de sus comunidades. El segundo ocurre por el incremento de inseguridad en los pueblos o colonias de México que obliga a las personas ir abandonando estos espacios de manera paulatina. Y el tercero ocurre tras el episodio de un hecho violento.
Estima que desde 2016, cuando inició a la Guerra contra el Narco, decretada por Felipe Calderón, una de cada diez familias en México se ha desplazado. Es un problema real que no es reconocido por el Estado mexicano, donde no existe un censo que hable de su dimensión, ni políticas públicas, presupuestos, ni mucho estudios sobre el impacto social, educativo o económico de este éxodo para sobrevivir en México.