En el marco de la Audiencia Pública Regional sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de desaparición forzada, Senadores y familiares de víctimas de éste delito plantearon la necesidad de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Rumbo a la dictaminación de la Ley General, el Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez opinó que el delito de desaparición forzada es una de las conductas que más ha dañado a la sociedad.
Precisó que este delito sólo se ha regulado a nivel federal únicamente en 22 entidades federativas, y sólo en Chiapas y Guerrero se han expedido leyes especiales.
Asimismo, condenó la desaparición de cinco estudiantes por parte de cuerpos policiacos de Tierra Blanca, Veracruz recordando que éste día se cumplen dos meses de la tragedia.
Ante esta realidad – exaltó – el Senado no puede ser omiso, por lo que se actuará con responsabilidad, dijo que la Ley General pretende lograr que el delito de desaparición forzada de personas se homologue en los tres niveles de gobierno.
El senador panista advirtió la necesidad de un marco jurídico que delimite competencias y coordinación de autoridades, tipos penales, delitos vinculados y sus sanciones, creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas, y un Registro Forense Nacional.
La senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación explicó que éste ejercicio permite recibir aportaciones de los familiares de las víctimas que abonaran a la construcción de un instrumento normativo que sirva para erradicar dichas conductas.
La senadora priista informó que las consultas regionales contaron con la participación de más de 70 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de la sociedad civil de 23 estados de la República y cuatro países convocados por el gobierno de la República.
En este sentido, señaló que entre los elementos esenciales para la elaboración de la ley general, los participantes proponen: activar mecanismos de búsqueda, mecanismo de coordinación entre todas las instituciones del Estado en los tres órdenes de gobierno, capacitación para la búsqueda forense, registro de personas desaparecidas mediante elementos de clasificación por contexto, entre otros.
En su oportunidad, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derecho Humanos resaltó que los legisladores están obligados a trabajar en una “buena ley”, por lo que las comisiones dictaminadoras trabajarán unidas para dotar al país de una ley única.