Pedro Pablo de Antuñano, director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc dio a conocer esta tarde, la resolución que hizo llegar la Contraloría General del Distrito Federal al Jefe Delegacional, Ricardo Monreal Ávila, en el caso de 10 exservidores públicos que incurrieron en actos indebidos en el ejercicio público, y el abuso de poder, entre otras imputaciones.
Las personas a quienes se les impuso como sanción la destitución del puesto e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres años son: José Luis Juárez Martínez, exDirector de Equidad Social; convirtiéndose en el primer director inhabilitado por varias décadas, de acuerdo con la Contraloría.
Suárez Martínez era quien, “junto con una red involucrada con la política social, hacía uso indebido de sus funciones y atribuciones, en compañía de otros servidores públicos, entre ellos: María Elena Lara Zetina, exJefa de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios; Jenny Zuluaga Aguilar, exEnlace “A” y también Rosa Ema Campos Lara, exSubdirectora Administrativa de la Dirección General Jurídica y de Gobierno”, indicó De Antuñano.
La misma sanción se impuso a Omar Jaime Rosas Hernández, exLíder coordinador de proyectos “A”, a quien se le atribuye dirigir la red de corrupción en el manejo del reloj checador en coordinación con Gerardo Mendoza Aguilar, exAuxiliar operativo de Oficina (encargado de dicho dispositivo); José Alberto Torres García, exAuxiliar de Servicios de la Oficina Administrativa; y Luis García Peña, exControlador de Asistencia.
Mientras que a Alejandro Jiménez Zavala, exSubdirector de Obras Públicas; e Ignacio Ogando Mouriño, exJefe de Unidad Departamental de Supervisión Interna de Obras por Contrato, se les sancionó con una suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de 90 días.
“Estas medidas correctivas nos hacen en la delegación Cuauhtémoc reafirmar la confianza en los órganos de administración y procuración de justicia, es por eso que queremos reconocer las diligencias realizadas por la contraloría general y llamar también al procurador por las 11 denuncias que hemos interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia por el uso indebido de atribuciones vinculados a la extorsión”.
Acompañado por la Fiscal Interna Anticorrupción Zuleyma Huidobro González y Salvador Loyo Arechandieta, Director General de Administración, De Antuñano dijo que tan sólo en el proceso de entrega-recepción se interpusieron 94 denuncias en la Contraloría por recursos derivados de irregularidades, sobre todo en materia de faltantes.
Además se han interpuesto hasta ahora, 15 denuncias en el Ministerio Público en la Fiscalía para Servidores Públicos, de igual manera, se han presentado 11 recursos por corrupción ante la PGJDF y se presentó una denuncia ante la PGR, también, por desvío de recursos federales.
En total son 121 denuncias ante diversas instancias, donde se señalan irregularidades concretadas y fundamentas de exservidores públicos, indicó De Antuñano.
Dijo que no se dará un paso atrás en la cruzada contra la corrupción y las medidas que se tomen estarán apegadas a estricto derecho. Aseguró que las inhabilitaciones no serán bien recibidas entre los grupos de interés, los que intentarán acciones de desestabilización. Asimismo adelantó que se darán a conocer más nombres de exfuncionarios sancionados y vinculados con actos de corrupción.
Sobre las amenazas de paro laboral por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, inconformes con la migración del pago a través del banco, el director General Jurídico y de Gobierno responsabilizó al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) por cualquier acto fuera de la ley e informó que se levantarán actas administrativas a quienes no estén en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral.