Posible sesgo en informe de feminicidio

Por: Andrea Franco, corresponsal / Cimacnoticias

Sin consultar a víctimas de violencia de género en Quintana Roo, Conavim presentará observaciones al gobierno contra ola de asesinatos de mujeres.

Quintana Roo (QR) es uno de los 15 estados de la República Mexicana donde organizaciones civiles por los derechos femeninos han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG), ante los interminables asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas.

Tan sólo entre enero de 2014 y agosto de 2015 desaparecieron más de 269 mujeres jóvenes y adolescentes en la entidad, y desde 2012 han sido asesinadas más de 150, de acuerdo con los registros de agrupaciones como el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

En 2015, 14 adolescentes fueron asesinadas en Cancún; otra víctima se registró en Chetumal (capital del estado), y una más en Playa del Carmen. En lo que va de este año, una joven más fue asesinada en Tulum; una fue violada y asesinada en Cancún, y otra en Playa del Carmen.

Estos recientes crímenes desataron marchas y protestas ciudadanas a inicios de 2016, que alcanzaron eco nacional contra la impunidad.

Las cifras de los grupos civiles –con base en las estadísticas de la Procuraduría de Justicia estatal– también ubican a QR como el primer estado a nivel nacional en casos de violencia sexual, los cuales superarían los cuatro mil desde 2012.

Como respuesta a la imparable ola criminal, el gobierno estatal insiste en clasificar los asesinatos como homicidios y no como feminicidio, delito tipificado en QR desde 2013 y con una pena de 25 años de prisión.

Ante ese clima de impunidad e inacción por parte de las autoridades judiciales, el Consejo Estatal de Mujeres de QR y el OCNF solicitaron el 4 de diciembre de 2015 la declaratoria de AVG para cinco de 11 municipios del estado, al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM).

Se trata de los municipios de Benito Juárez (donde se asienta el centro turístico de Cancún, y donde más se ha recrudecido la violencia de género); Solidaridad (donde se ubica Playa del Carmen); Cozumel; Isla Mujeres, y Lázaro Cárdenas (este último en el sur del estado).

La petición fue aceptada el mismo mes de diciembre, y en enero pasado se constituyó el Grupo de Trabajo que investiga la violencia feminicida en la entidad.

A tal grupo lo encabeza el Instituto de las Mujeres de QR, y está integrado por representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dos especialistas de alguna institución de académica a nivel nacional, y otro par de investigadoras de la entidad.

Del Grupo de Trabajo quedaron fuera académicas de Cancún, lo que desató inconformidad entre las activistas.

El director jurídico de la Conavim, Daniel Uribe, informó a Cimacnoticias que el informe del Grupo de Trabajo –con recomendaciones al gobierno del estado contra la violencia feminicida, que de incumplirse daría paso a la declaratoria de AVG–, está por publicarse y no tendrá como fin “enmascarar” la realidad.

“El informe ya se integró, está en un proceso de revisión, pero está a punto de salir. Para elaborarlo pedimos información a la Comisión de Derechos Humanos del estado, al gobierno local, y visitamos los municipios para los que se solicitó la alerta”, abundó.

No obstante, aceptó Uribe, el Grupo de Trabajo no pudo contactar a las víctimas, lo que podría derivar en un eventual sesgo en el informe final para no reconocer la gravedad de la situación, según han advertido activistas.

INTENSA MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Mientras, en espera de que el Grupo de Trabajo publique sus recomendaciones, la sociedad civil en QR se ha movilizado para exigir alto al feminicidio y que se declare ya la AVG.

Entre las múltiples actividades, en días recientes se instaló la exposición itinerante “Zapatos Rojos” en la explanada del Palacio Municipal de Cancún.

“Vemos que la violencia sigue aumentando. Desde que cerró el refugio del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), en el que atendíamos aproximadamente a 150 mujeres al mes, no sabemos dónde están esas mujeres y en dónde pueden estarles brindando la atención integral que les dábamos en el refugio”, dijo la directora del CIAM, Paola Feregrino, organizadora de la instalación “Zapatos Rojos”.

Y es que, abundó, la violencia feminicida en Cancún no ha cedido, ya que en días recientes fueron asesinadas dos mujeres: una de 52 años y otra de 23.

En paralelo, ciudadanas en general y 13 organizaciones y colectivos de mujeres exigieron que la Conavim incluya en su próximo informe recomendaciones para que el gobierno de QR haga público el instrumento legal, la instancia y la fecha en la que se aprobó el Protocolo para Investigar el Feminicidio.

“Consideramos que las observaciones al estado deben poner punto final a la violencia institucional expresada en omisiones, descuidos, ausencias y poca transparencia en el ejercicio de recursos; nos comprometemos a colaborar y dar seguimiento en el cumplimiento de las observaciones del resolutivo final”, se lee en un pronunciamiento emitido por las organizaciones civiles.

También demandaron “la inmediata puesta en marcha del Centro de Justicia para Mujeres, con presupuesto anual, personal permanente y especializado en la atención a mujeres, así como un refugio de alta seguridad en el norte del estado para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos”.

Asimismo, con base en la Ley de Servidores Públicos de QR, solicitaron que se presenten ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a funcionarios y funcionarias que han incumplido sus obligaciones y con ello obstaculizado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El documento firmado por grupos civiles como Servicio, Educación, Sexualidad y Salud; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, entre otros, fue enviado por el Consejo Estatal de Mujeres de QR al Grupo de Trabajo encabezado por Conavim, para que sea integrado como parte de las observaciones que habrán de hacerse al gobierno estatal.

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