Activistas solicitaron se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en Veracruz, ya que la entidad no garantiza el acceso adecuado a servicios especializados de salud reproductiva y el derecho al aborto legal por violación.
Se trata de la segunda solicitud de AVG para el estado, pues en septiembre de 2015 grupos civiles la pidieron para detener la ola de violencia feminicida en la entidad.
En conferencia de prensa, el integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Rodolfo Domínguez, indicó que en Veracruz hay un marco normativo discriminatorio contra las mujeres, por lo que se busca transformar la ley y garantizar a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se puede solicitar la AVG –además de los casos en que exista feminicidio en un territorio determinado– cuando alguna legislación estatal violente los derechos femeninos, es decir por “agravio comparado”.
“Según se ha documentado, la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Justicia estatales no conocen el marco normativo, no están capacitadas y por prejuicios no garantizan a las mujeres el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo”, expresó Domínguez.
Explicó que en el estado no se cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, de la Ley General de Salud, para los casos de violencia sexual contra las mujeres, a pesar de que tan sólo de 2010 a 2015 se han registrado al menos 10 mil 295 violaciones sexuales y otros delitos cometidos contra las veracruzanas.
“Aunque actualmente el Código Penal del estado establece al menos cinco causales de interrupción legal del embarazo, la realidad es que ninguna se ha otorgado. Preocupa especialmente en casos de violencia sexual, en los que las mujeres son violadas, presentan embarazos y no tienen acceso a estos servicios de salud”, abundó.
Por ello, precisó Rodolfo Domínguez, los grupos civiles argumentan tres agravios en su solicitud de AVG ante el Instituto Nacional de las Mujeres, presentada este martes 5 de abril.
El primero se fundamenta en que los servicios de aborto legal son inaccesibles para las mujeres que los necesitan, lo que impacta negativamente en el ejercicio de sus Derechos Humanos, sus oportunidades y su futuro.
El segundo punto se basa en que la actual regulación del delito de aborto genera una situación de discriminación jurídica, y permite que las mujeres sean criminalizadas, pues tienen limitado el derecho a la interrupción legal de un embarazo.
El tercer agravio se refiere a la iniciativa de reforma a la Constitución estatal para “proteger la vida desde la concepción”, presentada por el gobernador Javier Duarte ante el Congreso local el pasado 21 de enero.
MÁS VIOLENCIA SEXUAL
En cinco años (de 2010 a 2015), en Veracruz se denunciaron 10 mil 295 casos de violación sexual y diversos delitos sexuales contra mujeres, dijo Aracely González, integrante del Colectivo Equifonía.
La activista alertó que las cifras muestran una incidencia muy alta de violaciones y delitos sexuales. En ese sentido, lamentó que la autoridad no tenga registros sobre cuántas de esas mujeres enfrentaron embarazos como producto de la violación, y mucho menos cuántas accedieron a una interrupción legal del embarazo.
Aseguró que hay una falta de coordinación entre los servicios de salud y la Fiscalía General del Estado (FGE), para la denuncia de casos en los que haya probable violencia sexual contra mujeres.
Por ello, dijo González, la solicitud de AVG permitirá al Grupo de Trabajo analizar las implicaciones para las mujeres de contar con una legislación que niega el derecho a decidir.
En septiembre de 2015, el Colectivo Equifonía firmó junto con otras 10 agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres una solicitud de AVG por violencia feminicida en Veracruz, la cual se presentó ante la Secretaría de Gobernación.
Luego se creó un Grupo de Trabajo que analizó la situación en la entidad, y en enero pasado entregó 15 recomendaciones al gobierno estatal para erradicar la violencia contra las mujeres. A la autoridad local le resta un plazo de tres meses para cumplir las observaciones o de lo contrario se declararía la AVG para Veracruz, como ya ocurrió en el Estado de México, Morelos y Jalisco.
Fuente: Cimacnoticias