Con la presencia de padres y madres de las víctimas, las partes involucradas presentaron sus respectivas pruebas. El objetivo de esta última audiencia ante el Juzgado Primero de Distrito, como parte del expediente 126/2009, fue fijar la magnitud de la acusación y de los hechos enjuiciados, así como el tipo de responsabilidad de cada una de las personas acusadas por el siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009.
El Ministerio Público (MP) federal presentó los señalamientos contra los dueños de la Guardería ABC, el ex delegado del IMSS en Sonora, empleadas del Seguro Social, personal de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, empleados de Protección Civil, entre otras personas implicadas.
Lorenzo Ramos Félix, abogado de unas 30 familias afectadas, confió en que a más tardar en 15 días hábiles se dicte la sentencia del caso.
Consideró que la sentencia muy probablemente será en sentido condenatorio pero por delitos culposos, con una penalidad muy baja, tal como lo planteó el MP. Sin embargo, aclaró, es el juez el que determinará la responsabilidad penal de cada persona acusada.
El litigante observó que el juzgador podría considerar el delito de homicidio por las 49 víctimas, o el de homicidio en perjuicio de cada una de ellas.
La otra opción –indicó Ramos Félix– es que ante el cúmulo de deficiencias que había en la ABC es probable que el delito cambie de culposo (imprudencial) a crimen cometido con dolo eventual, convirtiéndose así en delito grave.
En la audiencia, el abogado representante de las familias
solicitó que al dictarse sentencia contra los acusados, se les impongan las penas de prisión agravadas desde la perspectiva del dolo eventual, además de que se les condene a la reparación del pago material, moral e inmaterial que le deben a madres y padres de las y los niños víctimas.
Lorenzo Ramos argumentó el descuido, desdén y falta total de interés para prevenir la tragedia, lo que es atribuible a los propietarios de la Guardería ABC, al gobierno de Sonora, al IMSS, al ayuntamiento de Hermosillo, y a empleados y servidores públicos.
Y es que meses antes del siniestro, diversas instancias ya habían advertido a los dueños de la ABC que no existía una ruta de escape segura, para la evacuación inmediata de las y los menores de edad ante cualquier eventualidad, además de que no funcionaba la salida de emergencia. Tampoco había un sistema contra incendios. El día de la catástrofe no existía un solo extintor funcional.
Se agregó la cercanía de la guardería con la bodega donde inició el fuego, pues compartían una pared común, lo cual se había advertido a los dueños sin que hicieran algo al respecto.
Del mismo modo, el sobrecupo en la estancia infantil fue un factor adicional de riesgo que los responsables de cuidar y proteger a las y los niños nada hicieron por remediar.
Son de tal gravedad las omisiones y los actos desplegados por los acusados, que los mismos configuran el dolo eventual, una figura jurídica reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó Ramos Félix.
Fuente: Cimacnoticias