- Sector agropecuario, educación, salud e investigación pueden ser los más afectados.
- El gobierno federal debe hacer público el plan de recortes completo, antes de la discusión del presupuesto en septiembre
Ciudad de México a 7 de abril de 2016.- El pasado 1 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Cámara de Diputados el “Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Dicho documento, conocido como “Pre-Criterios”, contiene la perspectiva de la SHCP sobre las variables macroeconómicas más importantes que incidirán en la propuesta de ingresos y egresos de la Federación correspondiente a 2017, que se darán a conocer el próximo mes de septiembre de este año.
En este contexto, la SHCP propone un recorte de 311.8 mmp en el gasto programable de 2017 respecto al de 2016 (175.1 mmp respecto al estimado para el cierre de 2016, debido al ajuste preventivo del gasto anunciado el 17 de febrero pasado). El recorte, se argumenta en el documento referido, busca que las finanzas públicas estén en línea con el compromiso del gobierno federal de “consolidar la estabilidad macroeconómica, contar con finanzas públicas sanas y hacer uso responsable del endeudamiento público”. Así, la perspectiva para el déficit presupuestario es de una reducción de casi 100 mmp (0.5 % del PIB) en 2017 en comparación con el de 2016.
Este ajuste al gasto público responde a las mismas motivaciones detrás de los anuncios de SHCP y Banco de México del 17 de febrero pasado: mostrar que las autoridades están dispuestas a tomar medidas para mantener la confianza en la estabilidad macrofinanciera de la economía mexicana, ante la amenaza que supone la caída en los precios del petróleo, tanto para los ingresos petroleros del gobierno federal como para la situación financiera de las Empresas Productivas del Estado en el sector energético. En el caso de estos “Pre-Criterios”, fueron precedidos por un empeoramiento en la perspectiva para la deuda soberana mexicana de la agencia calificadora “Moody’s”, lo que podría haber influido en el monto de los recortes estimados
Para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), las reducciones en el gasto público anunciadas, si bien son de reconocerse por el compromiso de las autoridades con la estabilidad macroeconómica, también muestran la innecesaria dependencia que tiene el gobierno federal de los ingresos petroleros, la cual debe reducirse drásticamente mediante una reforma hacendaria integral. Por otro lado, el recorte del gasto público en algunos rubros puede tener un impacto en las posibilidades de movilidad social y en el ingreso y bienestar de largo plazo de los mexicanos, lo que lo hace incongruente con el principal objetivo declarado de mantener la estabilidad macroeconómica para asegurar el crecimiento económico.
Respecto a este último punto, si bien no se ha dado a conocer la composición del grueso del recorte adicional de 175.1 mmp, cabe enfatizar que éste en combinación con el recorte preventivo del 17 de febrero afecta algunos programas prioritarios, como:
- Programas de servicios públicos en el sector agropecuario, cuyos fines son mejorar la productividad, elevar el valor agregado, desarrollar mercados, apoyar a pequeños productores y promover el aseguramiento en dicho sector, serán objeto de recortes por unos 5,300 mp. A esto debe sumarse lo recortado a SAGARPA en el anuncio de febrero (3,000 mp).
- En educación pública e investigación científica los recortes anunciados hasta ahora superan los 6,000 mp.
- En el ámbito de la salud pública, Atención a la Salud y Seguro Médico Siglo XXI acumulan reducciones de casi 1,000 mp y 900 mp -sobre lo que UNICEF ya ha advertido públicamente. Programas que proveen servicios públicos en salud (prevención y control de enfermedades; vacunación; salud materna, sexual y reproductiva; formación de recursos humanos; infraestructura; etc.) tendrán recortes por unos 1,200 mp.
Los recortes en los programas señalados probablemente afectarán principalmente a los más pobres, lo que los hace regresivos. Por un lado son los consumidores más pobres quienes más resienten los aumentos y fluctuaciones en los precios de productos agropecuarios, a la vez que los pequeños productores rurales están a merced de las grandes empresas que controlan el almacenamiento y la comercialización de los productos. En el caso de la educación pública, especialmente en primaria y secundaria, ésta es la única opción educativa para los estudiantes de origen más humilde. Por último, los servicios de salud pública benefician mayoritariamente a los más pobres, porque mitigan las condiciones ambientales, sociales y económicas en las que viven y que afectan sus decisiones más importantes.
Así, por razones de equidad, ante las reducciones presupuestales en los programas prioritarios antes referidas, es necesario que el gobierno federal haga público el plan de recortes completo antes de la discusión del presupuesto en septiembre; que dicho plan sea más progresivo y muestre un compromiso fuerte y creíble con la eliminación de gastos innecesarios, producto de la corrupción, las ineficiencias y los privilegios.
(Fuente: Estudios Sociales y Relaciones Públicas)