La seguridad vial es un tema que no puede regatearse, es un asunto de vida o muerte que impacta la calidad de vida de las personas, por lo que la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud para implementar mecanismos estructurales para la prevención de accidentes y lesiones.
La propuesta establece que la prevención y control de accidentes y lesiones, será materia de salubridad general y que la promoción de la salud comprenderá el control de accidentes de tránsito, adoptando medidas y promoviendo estrategias para prevenirlos.
Plantea puntualizar la integración del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), mismo que será encabezado por el titular de la secretaría del ramo, precisa que el Consejo participará en el diseño e impulso la Estrategia Nacional de Seguridad Vial y que será dirigido por un secretariado técnico, responsable de cumplir con los objetivos sobre la materia.
Se pretende, agregó la senadora priista, fortalecer las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal a través del Conapra, así como la coordinación efectiva entre las entidades federativas, los municipios y la federación.
Desde la tribuna, Herrera Anzaldo aseguró que con esta reforma el Conapra contará con mayor certeza legal para su actuación y permanencia en la atención de este problema de salud pública.
A nivel mundial, dijo, cada año se registran 1.3 millones de muertes a causa de accidentes viales, “casi el total de la población de Aguascalientes”; y la mitad de estos son usuarios vulnerables en la vía pública: peatones, ciclistas y motociclistas.
En México, añadió, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes ha señalado que al año se registran 1.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad provocada por accidentes de tránsito, según datos de 2015.
Por otra parte, destacó que según datos de 2013, los accidentes viales cuestan a México alrededor de 150 mil millones de pesos, es decir, 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional. Estos recursos podrían invertirse en el cuidado de la salud, en una movilidad sustentable y en vialidades más democráticas.
Asimismo, subrayó que en noviembre de 2015, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre la Seguridad Vial en Brasil, la cual tuvo como eje una de las metas que se tiene dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la seguridad vial.
La Conferencia, explicó, fue particularmente enfática en el llamado a tan solo cinco años de cumplir las metas del Decenio, señalando la obligación de obtener resultados eficaces, que conlleven a promulgar y aplicar leyes en materia de vialidad y tránsito y generar las medidas de prevención necesarias para producir efectos a largo plazo.
De aprobar esta iniciativa, se abonaría a que en octubre, en la Cumbre Mundial de Hábitat, nuestro país presente en Quito, Ecuador, avances sustanciales en la legislación, que contribuye a que las ciudades sean más seguras e incluyentes.
La propuesta signada también por los senadores Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo y Jesús Casillas Romero, del PRI; Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN; y Luz María Beristain Navarrete, del PRD, se turnó a las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, para su dictaminación.