La fracción del Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para duplicar las penas a las personas que participan en la entrega y aceptación de dádivas o dinero en los Verificentros, tanto a los propietarios y trabajadores como a los particulares que lo ofrezcan.
El coordinador del PVEM, Jesús Sesma Suárez, indicó que se ha convertido en una práctica común en los centros de verificación vehicular, la entrega y recepción de dinero a fin de alterar los resultados de la prueba.
“Esta mala práctica se incrementa en la medida que se refuerzan las normas que restringen el uso de los vehículos particulares por los daños que causan al medio ambiente y a la salud de la población”, destacó en un comunicado.
Lamentó que crezcan dichas prácticas cuando en la actualidad, la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo a las autoridades federales solamente ha sido buena 18 días en lo que va del año.
Cabe señalar que datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México señalan que en 2014 durante el segundo semestre, 16 de los 81 centros de verificación fueron clausurados y 18 personas fueron detenidas y procesadas.
Para 2015 se clausuraron 11 verificentros sin establecer el número de personas detenidas o procesadas, y en lo que va de 2016 se han clausurado por esos mismos actos, seis centros de verificación y se suspendieron 35 acreditaciones de trabajadores y revocaron 16 permisos más por manipular las pruebas.
Indicó que existen 14 estados que a pesar de contar con un programa de verificación vehicular, en su marco legal no existe como delito la entrega, recepción, solicitud o cobro de una cantidad superior a la autorizada para lograr la aprobación de la verificación vehicular.
La proposición tiene como objetivo exhortar a las legislaturas de los estados para que cuentan con el programa de verificación vehicular a que incluyan en su catálogo de delitos la entrega, recepción, solicitud, o cobro de una cantidad superior a la autorizada para que los usuarios de vehículos automotores aprueben la verificación vehicular.
Por otro parte, dijo, se pretende que en las 16 entidades federativas que incluyen en su marco normativo el tipo penal referido, se considere el incremento de las penas cuando menos al doble pues queda claro que hasta ahora éstas no han resultado un mecanismo inhibidor eficaz para evitar la corrupción en los centros de verificación.
A fin de que el exhorto vaya más allá, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) prepara un proyecto de ley en la materia, adelantó Sesma Suárez.