Brasilia, 16 abr (PL) El plenario de la Cámara de Diputados de Brasil reanudará hoy los debates sobre la admisión o no del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de incurrir en un presunto delito de responsabilidad.
Para hablar en la sesión de este sábado se inscribieron 249 de los 513 congresistas que conforman este cuerpo legislativo. Cada uno de ellos tendrá derecho a usar de la palabra durante tres minutos, lo cual supone casi 13 horas de discusión.
Sin embargo, anticipó la Agencia Brasil, la jornada puede resultar mucho más extensa, pues al término de cada sesión (de cuatro horas, prorrogable una más) tienen derecho a intervenir los líderes de los 25 partidos políticos representados en la cámara baja.
La votación sobre la admisión del pedido de impeachment está prevista para el domingo y fuentes gubernamentales confían en que durante la misma podrán detener el proceso.
En declaraciones formuladas anoche y amplificadas por el diario digital Brasil 247, el jefe del gabinete personal de la Presidencia, Jaques Wagner, aseguró que cuentan ya con el apoyo de 200 diputados para frenar el procedimiento destituyente, para lo cual se requiere del voto de 172 legisladores.
De acuerdo con Wagner, el aumento del apoyo se debe en mucho al trabajo de los gobernadores aliados, uno de los cuales, Flavio Dino (Partido Comunista de Brasil, PCdoB) de Maranhao, comentó que «la supuesta avalancha que había en dirección de apoyo al impeachment no se verificó».
Ayer, el vicepresidente de la Cámara de Diputados Waldir Maranhão (Partido Progresista), anunció que votaría contra el juicio político, mientras Clarissa Garotinho (Partido de la República), quien se mostraba favorable al proceso, solicitó licencia de maternidad y no acudirá a votar.
El propio diario Folha de Sao Paulo reconoció anoche en su versión digital que la oposición no contaba con los 342 votos requeridos para que el pedido pueda pasar al Senado, que sería en definitiva el encargado de aceptar o no llevar adelante el juicio político.
Este viernes, además, Dilma Rousseff recibió el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien manifestó que el proceso es de carácter político, carece de certezas jurídicas y siembra desconfianza en el organismo interamericano.
Las dudas pasan por los planos ético, político y jurídico, dijo, y señaló que llama mucho la atención el hecho que mientras sobre la Presidenta no recae ninguna acusación penal, entre quienes la juzgan hay personas acusadas y hasta imputadas.
Al comenzar ayer los debates en el plenario, el abogado defensor del Estado José Eduardo Cardozo ratificó que el procedimiento para una eventual destitución es nulo y está viciado, por lo cual su aprobación supondría una innegable ruptura institucional.
Cardozo insistió en que la apertura del impeachment no fue más que una venganza del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, lo cual confiere al proceso un carácter ilegal y distorsionado, anulándolo.
Previamente Miguel Reale, uno de los acusadores, refutó a quienes manifiestan que se trata de dar un golpe de Estado y dijo que éste ya existió «cuando se ocultó la situación fiscal del país y se siguieron haciendo enormes gastos públicos».
Indicó asimismo que la Presidenta ignoró a la Cámara de Diputados al emitir «decretos injustificables» sin que hubiera ingresos y luego propuso un proyecto de ley para revisar la meta fiscal. Esos, consideró, son hechos de inmensa gravedad.
Continúan discusiones sobre juicio político contra Dilma Rousseff
