- Sector Salud desacata norma para atender violaciones sexuales
A los 14 años de edad, “Jeny” dio a luz a dos gemelas en el Hospital Regional de Veracruz. Las bebés nacieron prematuras y su vida estuvo en peligro por ser un embarazo de alto riesgo.
Como ella, cada año en el estado de Veracruz alrededor de 500 menores de 10 a 14 años de edad son madres, pero al llegar a los hospitales nadie cuestiona si sus embarazos son producto de violencia sexual.
Aunque los hospitales están obligados a hacer un tamizaje de violencia, y el Código Penal local contempla la violación como causal de aborto, se desconoce si los servicios de salud ofrecen a las niñas y adolescentes está alternativa.
Las estadísticas no revelan cuántas de las 487 niñas embarazadas en 2015 fueron víctimas de violencia sexual, ni hay datos certeros de cuántas murieron por llevar a término embarazos de alto riesgo.
David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, aseguró que la cifra de embarazos en niñas es “dramática”, y demuestra el fracaso del sector salud.
Se suman los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, que en Veracruz van en incremento y cuyo grupo de edad también tiene riesgo de morir durante los partos.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), acusó que las instancias de salud no cumplen con la obligación de atender de manera integral a las niñas y mujeres que viven violencia sexual.
Sostuvo que cuando una menor de 14 años está embarazada, las autoridades deben investigar de inmediato si hubo una agresión sexual, pero esto no es así en Veracruz.
Estrada Mendoza advirtió que diversos tratados internacionales han hecho énfasis en la grave transgresión a los Derechos Humanos que implica obligar a una menor de edad a continuar un embarazo producto de una violación.
“La comunidad internacional los ha llamado embarazos forzados y tortura, y me preocupa que haya negación de dar atención integral y mucho menos se tienen las cifras porque no dan acceso al aborto legal por violación”, abundó.
En el país la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, señala puntualmente una atención integral a las mujeres y niñas, pero la mayor parte del personal médico desconoce la norma y los protocolos a seguir en casos de violencia familiar o sexual.
David Meléndez cuestionó que en estados como Guerrero la salud es una causal de aborto legal, “no el riesgo de vida o muerte, sólo la salud por ser un embarazo de alto riesgo. Previa consejería se propone a las jóvenes la interrupción del embarazo, pero en Veracruz esto no es posible y demuestra que estamos retrasados en comparación con otras legislaciones”.
“Lo ideal es que cada uno de estos embarazos tenga un proceso de acompañamiento tanto médico como jurídico para saber cuántos fueron por violencia sexual, pero no hay datos”, alertó.
También hay riesgo de que haya un subregistro en las cifras de mortalidad materno-infantil, pues los decesos no son reportados como tal, y en lugar de muerte por partos son registrados como infecciones o influenza.
El activista reconoció que en Veracruz hay problemas con la implementación de la NOM-046 por falta de capacitación, difusión y seguimiento de indicadores de cumplimiento.
Generalmente cuando en los hospitales se reciben casos de menores de edad con embarazos se les turna al psicólogo, pero el médico – sobre todo en zona rurales– no sabe qué hacer, ni qué procedimiento seguir con la gestación.
La NOM-046 prevé que en estos casos se debe reportar al Ministerio Público, además de considerar el aborto terapéutico o brindar la pastilla de anticoncepción de emergencia, pero se desconoce cuántas de estas jóvenes llegaron con embarazos recientes o en etapa avanzada, y qué seguimiento o tratamiento se dio en cada caso.
Fuente: Cimacnoticias