Bogotá, 16 may (PL) La Defensoría del Pueblo junto a la Consejera Presidencial para los Derechos humanos, Paula Gaviria, contribuirán a definir los protocolos necesarios a fin de garantizar la salida de los menores colombianos de las FARC-EP, confirmó hoy Caracol Radio.
Es un desafío y un honor que las delegaciones del Gobierno y de ese movimiento rebelde, reunidas en La Habana, decidieran incluirnos en dicho procedimiento para sacar a los niños de la guerra, comentó Gaviria, citada por la emisora nacional.
Con el objetivo de establecer los mecanismos -añadió- buscaremos apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones.
En opinión de la abogada, el pacto anunciado la víspera por los voceros gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) es la constatación de que la nación andina está próxima al fin de conflicto bélico, prolongado durante más de medio siglo.
Luego de elogiar el consenso rubricado en la capital cubana entre las partes, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, quien fungió anteriormente como jefa de la Unidad Nacional de Víctimas, aseguró que no existen cifras oficiales sobre esos menores, los cuales recibirán un tratamiento especial, dijo.
El equipo constituido deberá presentar en el transcurso de 15 días la propuesta de protocolo para que los mismos abandonen los campamentos guerrilleros y las medidas del programa integral destinado a acompañarlos en la fase de reincorporación a la vida civil.
Según el exvicepresidente Humberto de la Calle, máximo representante del Ejecutivo en los diálogos con las FARC-EP, la determinación divulgada ayer incluye la salida de aquellos con menos de 15 años, la elaboración de una hoja de ruta para desvincular progresivamente a todos los demás, cuya edad es inferior a los 18, y la creación de dicha iniciativa de atención a ambos grupos.
La semana previa el Gobierno y las FARC-EP firmaron otro pacto para garantizar la seguridad jurídica de todo lo consensuado en la capital cubana, con la proposición de elevar a la categoría de Acuerdo Especial, amparado en los convenios de Ginebra, el documento conclusivo de las pláticas.
En el transcurso de más de tres años de discusiones, las dos delegaciones lograron conciliar posiciones también en los temas de reforma rural integral, participación política, combate al tráfico ilícito de drogas a partir de la sustitución de los cultivos cocaleros y víctimas.
La conflagración ocasionó la muerte a unas 300 mil personas, en tanto seis millones permanecen desplazados de sus lugares de origen.
Gobierno de Colombia aboga por la salida de menores de las FARC
