Hace unas semanas, un niño de 13 años de edad asesinó a una niña de 11. Ambos crecieron en Monclova, Coahuila, eran novios y lo último que ella publicó en su Facebook decía que el novio estaba enojado porque ella defendió a su hermano en un pleito entre ambos adolescentes.
El niño asesinó a la menor de edad con 30 puñaladas; cuando la policía lo detuvo, él no sólo admitió haber cometido el crimen, sino que además dijo dónde había ocultado el arma y la ropa ensangrentada. Como es de imaginarse, la familia de la víctima entró en shock, sabían que el novio era un niño problemático.
La respuesta de la sociedad mexicana frente a este caso nos revela las taras sociales que impiden la plena protección de niñas, niños y jóvenes frente a la violencia que se recrudece en el país y particularmente en aquellos sitios donde la delincuencia organizada ha tomado la plaza, infiltrado la política y a las entidades de justicia, mientras el discurso mediático ha sido incapaz de hacer las preguntas y el análisis correcto frente al fenómeno de la imitación de la violencia que hacen niños y jóvenes.
La ley impide que el niño que cometió el homicidio sea recluido en un centro de readaptación social por tener 13 años; su madre pidió ayuda desesperada y solicitó que se le interne en el hospital psiquiátrico para adultos, y a cambio recibió amenazas de muerte de la comunidad con ataques virulentos en redes sociales.
La señora explicó a las autoridades que desde hace años ha pedido ayuda para su hijo. Por su falta de recursos económicos para pagar asistencia de salud mental infantil, la mujer había recurrido al DIF porque, a pesar de su poca cultura, tenía claro que su hijo sufría de un desorden de personalidad.
Las vecinas dan la razón a la madre, aseguran que parecía tener doble personalidad: era un niño educado y amable que unas horas después reaccionaba agresivamente, fumaba mariguana y olía cemento para quitarse la ansiedad.
En la escuela era humillado por el profesorado, un niño sin capacidad de atención, con poca memoria de largo plazo, que en lugar de recibir la asistencia necesaria para lo que a todas luces es un problema de salud mental, fue bautizado con el mote de “El Demonio”.
Ningún medio que cubrió el caso se tomó la molestia, hasta ahora, de hacer un análisis sobre la carencia de asistencia especializada en prevención de violencia por problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes.
Nuestra cultura policiaca se remite al escarnio y la venganza, no a la justicia y el bienestar. Los periodistas de nota roja no son los únicos que rebosantes de prejuicios e ignorantes de las leyes de los derechos de la infancia persisten en incitar al linchamiento de las madres de niñas y niños que han cometido actos ilegales.
Las redes sociales y medios están plagados de cuestionamientos y juicios de valor hacia la madre del niño, la acusan de no haberlo educado, inventan que seguro lo consentía y que no le inculcó valores; es falso.
La Red por los Derechos de la Infancia (http://www.derechosinfancia.org.mx/), a la que pertenecen casi todas las organizaciones de protección a niñas, niños y jóvenes, impulsó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente para que desde 2015 se implementaran en todo el país sistemas de prevención de la violencia que integran la salud mental de menores de 18 años.
Este año, Ricardo Bucio es el responsable de su implementación y este caso puede ser el primero para demostrar que en lugar de linchar al niño o exigir que se le encarcele, se le dé el tratamiento psiquiátrico indispensable que si el Estado hubiera proveído a tiempo, seguramente habría evitado el crimen y el sufrimiento de la familia de la víctima y de un menor de edad que sufre de una personalidad “borderline”, u otro padecimiento ante el cual ni él ni sus padres tenían herramientas adecuadas.
No podemos seguirnos quejando de que los reclusorios no implementan la readaptación social si somos los primeros en exigir que se conviertan en centros para torturar y vengarse de quienes cometen actos crueles. La cultura de la legalidad exige nuevas formas de aproximarse al origen de la violencia.
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
Fuente: Cimacnoticias