A TIRO DE PIEDRA: PRIVATIZAR EL AGUA

Quienes creen que el dinero lo hace todo,

terminan haciendo todo por dinero

Voltaire

Por Julian Santiesteban

Ni la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo desaparecerá, ni el cobro de agua potable será concesionado a la iniciativa privada, pero sobre todo la concesión que ya tiene Aguakán en cuatro municipios del estado no sufrirá modificación alguna, independientemente del resultado de las elecciones del 05 de junio, pues ninguno de los aspirantes a la gubernatura pretende modificar los beneficios que ya tiene la empresa cuyos cobros a usuarios han sido objeto de múltiples reclamos.

En Quintana Roo, la empresa Aguakán opera en cuatro municipios: En 1993, el Congreso del Estado, a iniciativa del entonces gobernador, Mario Villanueva Madrid, concesionó el cobro de tarifas en los municipios Benito Juárez e Isla Mujeres; y poco más de veinte años después, el 8 de diciembre de 2014, se entregó Solidaridad; el cuarto municipio es Puerto Morelos, era parte de Benito Juárez hasta el 06 de enero del presente año en que entró en vigor el decreto que lo erigió en municipio; y por cierto, su primer gobierno constitucional debiera ratificar la concesión en esa demarcación, habría que preguntarles a los candidatos a gobernarlo, su opinión sobre el tema.

De esta manera, Aguakán realizará el cobro de agua potable (que es el único servicio que le ha sido concesionado) hasta el año 2053; y aunque las quejas son constantes, los diversos candidatos a la gubernatura pretenden –todos- dejar intocada la concesión otorgada por el Legislativo quintanarroense a la empresa; y por supuesto, en el resto de la entidad la CAPA seguirá dotando del servicio, porque Aguakán no ha mostrado interés por extender su concesión a los municipios del sur. No son rentables, así de simple.

EL DOMINIO Y LAS PÉRDIDAS DE AGUAKÁN-CAPA

Aguakán realiza el cobro de agua potable, entre los cuatro municipios, a aproximadamente 300 mil usuarios, y el gerente comercial y de comunicaciones de la empresa, Gastón Borda, aseveró que mensualmente se reciben en promedio unas 500 quejas; pero sobre todo reconoció que entre el 2014 y el 2015 la cartera vencida se ha duplicado, de treinta a setenta millones de pesos.

Y aunque la concesionaria niega tener injerencia en el incremento de cuotas, medios locales han destacado que “en menos de 9 meses, los recibos del servicio de agua potable que antes emitía la paraestatal CAPA y que ahora factura Aguakán, dan constancia de que el metro cúbico pasó de 16 pesos a 25 pesos, aproximadamente, dependiendo de la zona de la ciudad (Playa del Carmen).”

Como se observa, pareciera que existe una relación directa entre la concesión ampliada a Aguakán y los discrecionales incrementos de sus tarifas, con la cartera vencida; pero mientras la concesionaria se “recarga” en los cobros domiciliarios de sus 300 mil usuarios cautivos, existen pérdidas millonarias similares a los adeudos de particulares sobre las que nada hacen ni la empresa ni el gobierno estatal; y más aún, con la complacencia del gobierno federal.

Y es que los hoteles en Quintana Roo, que albergan anualmente a los 18 millones de turistas que arriban a la entidad, simplemente no pagan agua potable, pues una gran cantidad de ellos ha optado por obtener concesiones “de extracción de agua de mar de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por la que no pagan ningún derecho a la Federación y tampoco el porcentaje derivado de la descarga al sistema de drenaje y tratamiento de la misma”, según publicó desde 2014 el periódico Novedades de Quintana Roo.

De acuerdo con la información publicada, “en el 2004, la empresa facturó 147 millones de pesos por el servicio a poco más de 200 hoteles y en el año pasado (2014) con una cifra similar de clientes facturó 83 millones de pesos”, lo que muestra lo que Aguakán ha dejado de percibir de los hoteles, y que evidentemente “compensa” con los cobros a particulares. De ese tamaño es la injusticia.

SIN LEY DE AGUAS NACIONALES, PERO LAS CONCESIONES SIGUEN

Al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal promovió la llamada Ley General de Aguas, presentada a la Cámara de Diputados por parte de la Conagua, el 8 de Febrero del 2012, aprobada en comisiones en marzo de ese mismo año; pero fue detenida ante la ola de críticas desatada en todo el país, pues la norma impulsada resultaba gravosa, ya que pretendió limitar el uso del recurso sólo a quienes habitaran en zonas urbanas y en cantidad no mayor a 50 litros diarios por persona.

Además de contemplar la privatización del recurso, tanto para exploración como para el cobro del servicio, la iniciativa aprobada hace un año por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, viola el derecho humano al agua, pues pretendía limitar el acceso al recurso; sancionar las investigaciones que se hicieran sobre el mismo, si no tenían la autorización expresa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); e incluso la redacción de la norma establecía que gozarían del recurso únicamente las personas que residieran en asentamientos humanos urbanos. Vaya despropósito.

Como se mencionó antes en esta columna, la carencia del recurso en México es severa, pues alrededor de “9 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada y otros 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, a pesar de contar con el servicio, reciben en sus hogares el líquido sin las condiciones óptimas de saneamiento”, explicó en diciembre de 2015 el senador del PRI, Aarón Irízar, quien urgió el legislativo para destrabar la norma que permanece estancada, y que al ritmo que va no será aprobada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto; pero todo ello no fue obstáculo para que Quintana Roo ampliara la concesión de Aguakán para los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, pero además agregó Solidaridad (y Puerto Morelos, al crearse como municipio)

LAS ELECCIONES Y EL FUTURO

En lo que va del proceso electoral, tres de cinco candidatos a la gubernatura se han pronunciado sobre el tema de Aguakán, pero ninguno de ellos ha afirmado tener la intención de revocar la concesión de la empresa: Mauricio Góngora Escalante, de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal); el candidato del Partido Encuentro Social (PES) Rogelio Márquez Valdivia; y el abanderado de Morena, José Luis Pech Várguez.

Los tres candidatos dijeron estar al tanto de las quejas ciudadanas con respecto a los cobros irregulares de Aguakán, y los tres señalaron que, en caso de ganar, harán que la empresa cumpla puntualmente con lo establecido en el convenio, para lograr un servicio de calidad, y que los cobro se ajusten a lo establecido a nivel estatal. Hasta ahí, sin analizar la revocación; de hecho, cabe recordar que es en la administración de Góngora Escalante como presidente municipal, que la concesión se aprobó por Cabildo para el municipio de Solidaridad.

En lo que se refiere a los otros dos candidatos; es decir Alejandro Alvarado Muro, del Partido del Trabajo (PT), y Carlos Joaquín González, de la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no ha habido declaración alguna; de hecho, fue la candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la coalición que postula al ex subsecretario de Turismo, Cristina Torres, quien dijo que el abanderado a la gubernatura prepara la revocación a Aguakán, declaración que hizo durante la clausura “simbólica” de las instalaciones de la concesionaria; pero nada directamente por parte del candidato.

COLOFÓN

Como se infiere, la CAPA no desaparecerá, como se rumoró hace algunas semanas, pues legalmente sigue siendo la instancia responsable de introducir la infraestructura de agua potable y alcantarillado, pero además porque el cobro del servicio en los municipios menos exitosos en lo económico, simplemente no interesan a Aguakán; lo que no necesariamente es una buena noticia para los usuarios, mientras se siga permitiendo la actuación irregular de la concesionaria y los gobiernos no revisen a fondo la concesión que, a ojos vistas parece irrevocable, por lo menos en las intenciones de quienes gobernarán Quintana Roo en los próximos años. Malas noticias para todos, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima. Sígame en Twitter @julianisaac77

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado.