La Habana, (PL) La polémica sobre los correos electrónicos «secretos» de la precandidata demócrata Hillary Clinton tomó fuerza en semanas recientes, en la medida en que ella consolidaba sus posiciones para obtener la nominación de su partido para las presidenciales de noviembre.
Sin embargo, en general el tema tiene una presencia intermitente en los principales medios de prensa estadounidenses, lo que algunos expertos achacan a la falta de pruebas contundentes sobre la supuesta culpabilidad de la exsecretaria de Estado.
Esta controversia comenzó en marzo de 2015, tras conocerse que Clinton utilizaba su servidor familiar privado para las comunicaciones como jefa de la diplomacia norteamericana, en lugar de usar las cuentas del Gobierno federal, que garantizan la seguridad de los datos.
Existen fuertes presiones de los republicanos para llevar la
acusación al plano de los tribunales, y decenas de demandas contra ella, en particular de la organización Judicial Watch para acceder a su correspondencia electrónica, lo que algunos especialistas coinciden en señalar como un acto de venganza política.
Está previsto que la precandidata demócrata sea entrevistada por funcionarios de la Oficina del Fiscal del Distrito Oriental de Virginia, que preside Dana Boente -una veterana de probada experiencia- y sus contrapartes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Representantes de ambas entidades interrogaron a varias personas allegadas a Clinton, incluyendo a una de sus principales asistentes, Huma Abeding.
Según el diario The Hill, el despacho que encabeza Boente cuenta con más de 300 abogados quienes pretenden completar su trabajo en las próximas semanas para entonces entregar la información al Departamento de Justicia y que este determine si se presentarán cargos contra Clinton.
Todo parece indicar que hasta la fecha los agentes del FBI y
fiscales encontraron muy pocas evidencias de que la exprimera dama intentara violar las reglas de la documentación clasificada, aunque continúan con fuerza la pesquisa.
A juicio del diario The Washington Post, la participación de la Oficina del Fiscal no es un indicio de que sea inminente, ni incluso probable, la presentación de cargos contra la exsenadora por Nueva York, pues las evidencias muestran que ella no violó «a propósito» las reglas establecidas para comunicarse por vía electrónica.
En este contexto, a principios de mayo el juez federal Emmet
Sullivan, de la Corte del Distrito de Columbia, aceptó entrevistar a Clinton y estableció las reglas para los encuentros con ella y varios funcionarios del Gobierno sobre este tema.
Según Sullivan, la exsenadora puede ser obligada a responder
preguntas bajo juramento, aunque hasta la fecha no hay una decisión de ese tipo, pero el objetivo es terminar los intercambios con la exjefa de la diplomacia norteamericana antes de las convenciones partidistas que tendrán lugar en julio, la demócrata en Filadelfia, Pennsylvania, y la republicana en Cleveland, Ohio.
El Departamento de Estado desclasificó unos 33 mil correos
electrónicos que el equipo de Clinton aseguró estaban relacionados con asuntos de trabajo, aunque ninguno de ellos era secreto y en su mayoría fueron escritos por sus asistentes y enviados a ella.
CLINTON: PUNTERA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL
Una encuesta publicada el 23 de mayo por la cadena NBC News y el diario The Wall Street Journal mostró que la exprimera dama tiene una ventaja de tres puntos -46 a 43 por ciento- a nivel nacional sobre el aspirante republicano Donald Trump, con vista a las presidenciales.
La pesquisa evidenció por primera vez que el nivel de apoyo de la exsecretaria de Estado entre los potenciales votantes está por debajo del 50 por ciento, aunque sigue como favorita para ganar la nominación del partido azul frente a su rival, el senador Bernie Sanders.
En el desarrollo de las primarias por la nominación demócrata, Clinton mantiene su liderazgo, al lograr hasta la fecha dos mil 293 delegados de los dos mil 383 que necesita para convertirse en la aspirante de su agrupación política a la jefatura de la Casa Blanca, de acuerdo con el conteo que realiza la agencia Associated Press.
Su único rival en ese empeño entre los azules, el senador Bernie Sanders, se quedó detrás en cuanto al número de dichos representantes, y actualmente cuenta con mil 533, lo que según expertos lo sitúa muy lejos de coronarse como el aspirante demócrata para los comicios del 8 de noviembre.
EL FBI, ELEMENTO CLAVE
Uno de los actores principales en esta polémica es el director del FBI, James Comey, un republicano designado por el presidente Barack Obama para ese cargo, sobre quien medios de prensa aseguran que goza de prestigio en ambas agrupaciones políticas.
Comey es el encargado de la investigación y para ello designó una fuerza de tarea integrada por unos 150 oficiales, pero declaró que no está presionado para terminar su labor antes de la Convención demócrata en julio, en la que se espera Clinton se convierta en la candidata presidencial de ese partido.
La urgencia principal radica en hacerlo todo bien y tomamos las medidas necesarias para que así sea, expresó Comey al diario The Niagara Gazette.
La exprimera dama reconoce que cometió un error al utilizar su servidor privado, pero asegura que no hizo nada ilegal y que no envió ningún material secreto por esa vía.
El FBI confirmó formalmente en febrero el inicio de la pesquisa y el Departamento de Estado en esa fecha señaló que pospondría la suya hasta que los federales dieran las conclusiones sobre la culpabilidad o no de la exsenadora.
El asunto de los emails es el segundo gran intento de ataque de envergadura de los del partido rojo para socavar la imagen de Clinton y presentar supuestas fallas suyas cuando era la jefa de la diplomacia norteamericana.
La primera ocasión fue el caso de la respuesta del gobierno de Obama al ataque al consulado estadounidense en Bengasi, Libia, el 11 de septiembre de 2012, en el cual murieron cuatro funcionarios, entre ellos el embajador en Trípoli, Christopher Stevens.
El liderazgo republicano acusó entonces al jefe de la Casa Blanca y sus principales asesores de no tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del edificio y de falta de gestión para dar una respuesta oportuna a quienes perpetraron el ataque.
Un informe de una comisión investigadora independiente sobre el incidente concluyó en 2012 que, aunque hubo negligencias por parte del Ejecutivo, antes de la acción no existían indicios serios de que se fuera a producir un incidente de esa envergadura.
En octubre pasado se deshizo el panel de la Cámara de Representantes creado por los republicanos para analizar dicho ataque, después que Clinton declaró durante 11 horas y posteriormente el tema cayó casi totalmente en el olvido.
Al parecer ahora la oposición quiere de todas formas volver a la carga contra Clinton y revive el tema de los correos electrónicos, aunque entre sus filas hay algunos legisladores que están casi seguros de que la sangre no llegará al río.
Así lo piensa al menos uno de ellos: el congresista Louis Gohmert, quien predijo que la Casa Blanca nunca emitirá una acusación oficial contra ella, incluso en el supuesto caso de que existan evidencias fuertes que la incriminen.
Este legislador quiere elevar la parada y exige que la investigación salga de la jurisdicción del Departamento de Justicia, y en su lugar propuso designar un fiscal especial que actúe con mayor independencia.
Por ahora, la campaña electoral sigue a todo tren, y pocos se atreven a vaticinar un probable escenario. Clinton se mantiene arriba, a pesar de algunos altibajos, mientras el controversial e impredecible Donald Trump y su equipo de campaña quizás tengan en la reserva el tema de los emails y otros asuntos polémicos para el ataque «final» contra ella.