Buenos Aires, 30 may (PL) El presidente argentino, Mauricio Macri, tendió un puente con aquellos que por años fugaron divisas del país, entre ellos él mismo. Son «miles de millones de dólares» que se evadieron «porque no confiaron en el Estado», remató.
Pero esta medida, que ya despertó todo tipo de críticas, fue revestida con una causa noble para un efectivo golpe mediático: pagar a los jubilados los haberes adeudados; una reparación histórica.
El proyecto de ley que el Gobierno Nacional enviará al Congreso tiene esa doble cara. No son dos iniciativas distintas que se discutirán por separado. No. Irán juntas. De tal modo, que si el blanqueo fracasa en su tratamiento, el pago a jubilados y pensionados correrá la misma suerte.
La oposición anticipó la intención de discutir los proyectos por separado, aunque el Ejecutivo los presente como una misma iniciativa. El primer encuentro se dará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo estará obligado a enmendar sus viejas alianzas para que la norma no sufra un revés insalvable.
En paralelo a este anuncio, se conoció la declaración jurada del presidente Macri, correspondiente a 2015, y vaya paradoja, el mandatario reconoció tener depósitos en paraísos fiscales por una suma superior a los 18 millones de pesos (3.5 millones de dólares); los mismos que hace algunas semanas negó tener frente al escándalo de los «Panama Papers».
Durante la presentación del blanqueo, Macri no hizo mención alguna a la posibilidad de repatriar ese dinero. El costo fiscal que debería pagar si lo hace antes del 31 de diciembre será solo del 10 por ciento; pero si blanquea a partir del año próximo el costo se eleva al 15 por ciento. Las mismas condiciones tendrán el resto de los empresarios.
El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, remarcó que «los funcionarios del actual Gobierno nacional que quieran aprovechar esta oportunidad tendrán que explicar a la sociedad cómo se multiplicaron sus patrimonios».
Vale recordar que varios funcionarios del gobierno de la alianza Cambiemos aparecieron con cuentas y sociedades offshore. Con esta iniciativa, ellos como otros en los diferentes niveles del Estado, ahora podrán «blanquear» los depósitos en el extranjero si los tuvieran.
El proyecto, aún sin ruedo formal, ya fue víctima del fuego amigo. La diputada nacional, Elisa Carrió, uno de los puntales de Cambiemos y destacado ariete del oficialismo, dijo no estar de acuerdo con el blanqueo y advirtió sobre los peligros de que la norma comprenda a funcionarios públicos que hayan hecho negocios bajo la figura de los testaferros.
Macri, decidido levantar su imagen que en los últimos meses sufrió un marcado descenso, volvió a mostrase rodeado de jubilados para las cámaras y reclamó el acompañamiento de todas las fuerzas políticas a su proyecto de «Reparación histórica».
Los primeros sondeos muestran que los principales bloques de la oposición avalarían el pago de las deudas a las jubilaciones más altas -esta recomposición dejará excluidos a los abuelos que cobran la mínima-, pero mantienen sus dudas respecto del origen del dinero que se utilizará para realizar el pago.
La decisión del Gobierno nacional es utilizar parte del efectivo que ingrese por el impuesto al blanqueo de capitales, pero el grueso del dinero saldrá del codiciado Fondo de Garantías de Sustentabilidad.
El FGS está bajo la órbita de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y deviene de la participación accionaria del Estado en empresas privadas y otros emprendimientos de inversión.
Utilizar esos fondos implica el inmediato desfinanciamiento del sistema jubilatorio que no sólo tiene la responsabilidad de pagar las jubilaciones y pensiones a millones de argentinos, sino que abona además, las cargas familiares y las asignaciones a los sectores más vulnerables.
Esta situación ya fue advertida por el extitular del organismo, el actual diputado Diego Bossio, quien aclaró que avanzar sobre el FGS implicará la reprivatización del esquema de seguridad social y el quiebre de la sustentabilidad en el sistema de pago; ergo, más argentinos en problemas.
La única verdad es la realidad: una decisión muy buena como pagar a los jubilados fue empantanada con una medida muy mala: la libertad de acción a los empresarios y funcionarios que fugaron divisas del país evadiendo las cargas tributarias.
La otra mala es la propuesta que puede descapitalizar el FGS, fondos que pasarían a manos privadas. Alguna vez, debería premiarse el esfuerzo de aquellos que siempre deciden pagar sus impuestos.