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Al estar en falta por no cumplir con el plazo constitucional para avalar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, al PRI en el Senado de Emilio Gamboa no le importa que este fenómeno traiga consigo costos económicos, sociales y políticos.
De acuerdo al estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, los principales costos económicos que arrastra este fenómeno son el descenso de hasta un 2 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) y una pérdida de ingreso en las empresas de hasta un 5 por ciento anual.
Los costos sociales se asocian al bienestar: los hogares mexicanos destinan 14 por ciento de sus ingresos anuales a pagos extraoficiales.
Pero con relación a los costos políticos de la corrupción, estudios internacionales muestran que la opinión pública evalúa de manera negativa a las autoridades en el combate a la corrupción.
El Índice la Percepción de la Corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, posiciona a México con 35 puntos, con una escala que va de cero (altos niveles de corrupción), a 100 (bajos niveles de corrupción).
De acuerdo con la consultora Parametría, desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia se observa un alza en la calificación negativa en el combate a la corrupción que ha alcanzado 62 por ciento a fines del 2015.
En su evaluación en materia de combate a la corrupción de cada estado que celebraran elecciones este domingo 5 de junio, se observa que Veracruz, Aguascalientes y Zacatecas tienen la calificación más baja.
Finalmente, su encuesta sobre la Ley 3 de 3, arrojó que siete de cada diez mexicanos (69 por ciento) no votaría por un candidato a un puesto de elección popular que no presente y haga públicas su declaración patrimonial, la de impuestos y, especialmente, la de conflicto de intereses.