BLAS A. BUENDÍA
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Tairo Duque Tamez y Beatriz Morales Hernández forman parte de un grupo de personas que “robaron por hambre” y a los juzgados ingresaron por causas mayores, pero que sufren de discapacidad intelectual o alguna enfermedad mental y están presos por delitos menores como apropiarse de una bolsa de papitas, refrescos, manzanas y sobres de sustitutos de café, entre otros productos, dijo la diputada del PRD, Rebeca Peralta León.
La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, comentó que durante los recorridos que realiza por las cárceles de la Ciudad de México se ha dado cuenta que existen muchos casos como el de Erick Javier Najar Montaño, quien estuvo preso en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), por más de 30 días por el robo de dos manzanas y un refresco por un monto de 21 pesos, y salió libre el 24 de mayo pasado.
En este contexto, la defensoría de Erick denunció a este reportero que tras agotar las instancias jurídicas y procedimientos legales que permitieron que este muchacho de 32 años de edad saliera de la cárcel, han recibido una serie de llamadas intimidatorias, que podrían corresponder por parte de abogados corruptos que “prestan sus servicios” a la cadena comercial de Soriana.
Entre las amenazas vedadas sobresale la que corresponde a uno de tantos agraviados, en el sentido que ya le bajaran al escándalo “porque los accidentes suceden”, interpretándose que esos malos litigantes pretenden hacer de las suyas.
Según trascendió que estos abogados que muchos de ellos se alquilan de forma individual o colectiva a través de bufetes jurídicos, por cada persona que es sorprendida robando mercancía de menor cuantía, la empresa los recompensa a cambio de miles de pesos, cuando han provocado un daño moral y sicológico en contra de acusados.
La Asamblea Legislativa tiene contemplado en presentar una serie de iniciativas para meter en control tanto a esas cadenas comerciales y a los abogados mañosos, porque no es posible que por mínima que sea la infracción de personas que roban por hambre, se les inicie un procedimiento judicial hasta ir a parar a los Reclusorios Preventivos de la Ciudad de México.
Asimismo, la legisladora del sol azteca dio a conocer los casos de Tairo Duque Tamez y de Beatriz Morales, quienes se encuentran recluidos en espera de sus audiencias para conocer su destino.
Explicó que Tairo Duque Tamez o Juan Carlos Romero, 36 años de edad y de nacionalidad colombiana y mexicana, respectivamente, sufren de discapacidad intelectual y fue ingresado al Cevarepsi el 17 de mayo del 2016 por un supuesto robo de cinco sustitutos de crema por un costo de 7.50 pesos para café en la tienda del Seven Eleven, ubicada en calle Xicoténcatl 60, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán. Se le denuncia por delito de robo con agravio a Seven Eleven México y su caso está en el Juzgado 64 Penal con la averiguación previa FCY/COY-1/T3/00513/16-05.
El caso de Beatriz Morales Hernández es más complicado porque reingresó al Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan el 17 de Febrero de 2016, por robó de 200 pesos en efectivo en un Seven Eleven. Su caso está en el Juzgado 69 penal y ya había ingresado por robo de comida anteriormente, una bolsa de papitas.
El último caso que se tuvo y fue motivo de interés periodístico fue el de Erick Javier Najar Montaño, quien era acusado por la tienda Soriana de robar 2 manzanas y una gaseosa por un monto de 21 pesos. Salió libre el pasado 24 de Mayo de 2016 del Cevarepsi, tras generarse un extraordinario escándalo periodístico que le dio la vuelta al mundo.
La legisladora por Iztapalapa reportó que de acuerdo a las autoridades capitalinas hasta el 17 de febrero pasado se tenían en las cárceles de la ciudad un registro de 1,030 internos e internas inimputables y enfermos mentales, por lo que “pediremos la revisión de sus expedientes para que puedan salir libres siempre que cumplan con las normas respectivas”.
“Es increíble que los dueños y los trabajadores de los establecimientos comerciales no tengan la sensibilidad para comprender que esas personas no están en sus cabales y los envíen al Ministerio Público por robo y de ahí a los juzgados donde sufren un calvario a pesar de que físicamente se observa su discapacidad”, aseveró.
Señaló que ante esa situación “estaremos solicitando a las autoridades de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno, Subsecretaría del Sistema Penitenciario y al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México a cargo del doctor Édgar Elías Azar), un informe detallado de las tiendas departamentales o supermercados que han interpuesto demandas en contra de personas con alguna discapacidad por robos menores”.
“Necesitamos contar con información para ver la forma en cómo desde la Comisión de Reclusorios ayudamos a los internos e internas que tienen alguna discapacidad y están presos en los reclusorios preventivos de la capital no sólo por robos menores, sino porque presuntamente amenazaron o golpearon a policías o guardias de seguridad al momento de su detención, hecho que agrava su situación”, expuso.
Debe hacerse una investigación exhaustiva para conocer las causas reales que motivaron el ingreso de las personas con discapacidad intelectual a las cárceles, sobre todo porque al momento de la confrontación de las declaraciones es la palabra del reo contra la de las tiendas departamentales, y muchas veces estas ganan por su amplio poder político, económico y financiero, puntualizó.