BLAS A. BUENDÍA
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Al demandar al Gobierno federal se abstenga de aplicar “el uso de la fuerza letal” en toda clase de movimientos políticos y sociales que aquejan gravemente y una pronta solución para beneficio de toda la nación, el Partido de la Revolución Democrática fijo su postura política en torno a los actos violentos que se registraron entre policías federales y maestros disidentes, integrados a la CNTE (Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación).
A los mexicanos nos queda claro que la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la negociación no es una opción para el Gobierno Federal Mexicano. Los instrumentos internacionales que ha suscrito México como nación y la propia ley suprema del país obligan a Enrique Peña Nieto a buscar solución pacífica a cada conflicto social, político o económico.
El partido de Sol Azteca, a través de un comunicado, advierte que “si el Presidente de la República privilegia el uso de la fuerza letal para buscar imponer su visión frente a aquellos que disienten de sus políticas e iniciativas, de antemano estará derrotado”.
La violencia, alertó, debe ser rechazada por toda la sociedad, venga de donde venga, y los métodos de lucha deben ser siempre pacíficos para quien detenta el liderazgo de una organización sindical que tiene personalidad legal y fuerza política propia, pero cuando es el Gobierno el que ejerce la violencia homicida, el delito alcanza su grado más elevado: es un crimen de Estado, pues el gobierno está obligado a resguardar la paz pública privilegiando en mantenimiento de la paz.
Aclara que en el Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México (PRD-CDMX) rechazamos absolutamente el uso político de lo ocurrido este domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.
Asevera: “Todas y todos debemos unirnos para rechazar los métodos violentos y abonar a que se haga justicia de inmediato y se castigue a los responsables de las muertes, en sus vertientes del hecho material así como quien desde el gobierno federal dio órdenes para que se usaran armas de fuego, hecho que hoy compromete al propio Enrique Peña Nieto.
“Urge se castigue a los responsables directos y se dispongan las vías del diálogo abierto y de cara a la sociedad. De igual forma exigimos que se garantice debido proceso a los dirigentes de la CNTE, hoy presos, y la intervención inmediata de los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales en el conflicto”, concluye el texto de protesta partidista.