Guerra de papel: Politizando las instituciones de justicia y la CNTE aposta a sus muertos con arcaicos métodos de lucha

  • El comportamiento tan soez del alumno o el Niño Nuño no tiene nada que seguir haciendo en el salón de clases que vendría siendo la Secretaría de Educación, con la utilización de un lenguaje muy propio de los carretoneros, altanero y bravucón, al sentenciar que no habría “diálogo de ningún tipo” para la solución de los conflictos que se han generado con la CNTE. Al calor de la discusión, el junior Nuño aclaró que no renunciaría al cargo que le encomendó su amigo Enrique Peña Nieto
  • Es el Jefe del Ejecutivo federal, como el maestro de clases, el que con sensatez debe velar por la paz social de los mexicanos, para evitar que con la intervención de la Policía Antidisturbios, pretenda -al igual como en Francia está ocurriendo y en muchos otros lugares del mundo-, irracionalmente el Estado reprime a sus manifestantes
  • En el caso de los lamentables hechos de Nochixtlán, aclara el PRD que no busca capitalizar la tragedia ni un beneficio político, pues «de lo que se trata es de reclamar justicia en un hecho que nos recuerda las más de 600 muertes que se cometieron durante el salinato y el sexenio de Zedillo, que en su momento no fueron investigadas ni castigadas»

El devenir del caso violento del municipio oaxaqueño Nochixtlán, trata de forzar indebidamente la politización de los aparatos de justicia cuando el Partido de la Revolución Democrática demandó a la Suprema Corte emita alguna postura en torno a los gravísimos sucesos que provocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, misma que ha servido como un dique para que México viva en el subdesarrollo educativo a nivel no solo nacional, sino latinoamericano.
La CNTE pareciera ser que es el gremio que debe de poner a sus muertitos, no le importa que muchos hogares de sus agremiados guarden luto por la intransigencia de una cúpula virulenta que en lugar de brindar la atención educativa a la niñez y juventud para sacarlos de ese arrogante y ancestral marasmo de ignorancia, se monte en un potro que se llama violencia.
La Policía Judicial Federal lo único que está haciendo es salvaguardar el orden social, pero hay organismos como la CNTE que prefieren politizar sus movimientos “acariciando” el desbordamiento social sin menoscabo de lo que pudiera pasar al colectivo nacional.
La captura de Rubén Núñez a quien pareciera que le sembraron delitos graves como lavado de dinero, solo es un montaje del Estado mexicano para aparentar que todo lo que vea mal y están en contra del Gobierno, les inventa delitos para intimidarlos, que no tienen nada que ver con el fondo político que guarda cada acción que emprenden los inconformes.
Lo peor de la ocasión, lo que está haciendo el Gobierno priista es, con sus discutibles acciones cáusticas, despertar a ese México bronco que permanece semiparalizado, pero que en cualquier momento podría significar el inicio de una revuelta social con un pronóstico reservado.
Aunado a lo anterior, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Educación, el junior Aurelio Nuño Mayer, comparativamente pretenden revivir los amargos e históricos recuerdos del Movimiento Estudiantil de 1968, con la operatividad de escudos, macanas y gases lacrimógenos, para amilanar a la clase trabajadora educativa que no solo busca que las reformas en la materia sean efectivas, sino que su lucha está centrada, ahora por rescatar de las garras de la justicia a su líder moral Rubén Núñez.
El comportamiento tan soez del alumno o el Niño Nuño no tiene nada que seguir haciendo en el salón de clases que vendría siendo la Secretaría de Educación, con la utilización de un lenguaje muy propio de los carretoneros, altanero y bravucón, al sentenciar que no habría “diálogo de ningún tipo” para la solución de los conflictos que se han generado con la CNTE. Al calor de la discusión, el junior Nuño aclaró que no renunciaría al cargo que le encomendó su amigo Enrique Peña Nieto.
Es el Jefe del Ejecutivo federal, como el maestro de clases, el que con sensatez debe velar por la paz social de los mexicanos, para evitar que con la intervención de la Policía Antidisturbios, pretenda -al igual como en Francia está ocurriendo y en muchos otros lugares del mundo-, irracionalmente el Estado reprime a sus manifestantes.
Con el procedimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a ver hasta dónde podría aplicárseles a los de la Coordinadora todo el peso de la justicia; si efectivamente un juez ordene tras la detención de sus líderes, que supuestamente han cometidos delitos que deberán clarificarse conforme a las enmiendas establecidas en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo sus reserva, se defiendan recobrando su libertad.
Es decir, los ahora detenidos esperan la efectividad de que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se dé paso a un modelo más accesible, comprensible y cercano a la sociedad, solo que las acciones de la CNTE tienen operaciones más pecaminosas políticas que sociales. Sus argumentaciones son más de golpeteo que su enseñanza propiamente social.
Hoy es cuando, con motivo de la entrada en vigor de este nuevo sistema justiciero, se establezca una mayor claridad y las bases de lo que le corresponde a lo que es para la sociedad, con los espacios o esquemas de los movimientos políticos que buscan bregar o derrocar hasta el propio Gobierno en turno.
Si bien los tres poderes del Congreso de la Unión (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), han hecho sus extraordinarias labores para presentar un nuevo rostro a la sociedad de que en materia de justicia “el país cambiará”, en el futuro se espera, espaciosamente, que la sociedad ya no padezca de un aparato de justicia desgastado y superado por la realidad social, en el que había patologías severas y rezagos intolerables.
Es de plena confianza los anhelos que esperan los mexicanos, de ese México que aún está sediento de justicia -evocando al malogrado político sonorense Luis Donaldo Colosio-, toda vez que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Ppenal se cumplió sin desmayos, claudicaciones, prórrogas, interrupciones, pausas ni treguas, y para el presidente de la Conatrib, el jurista y político guerrerense Édgar Elías Azar, aclaró que dicha reforma da paso a un modelo accesible, confiable, expedito, transparente, rápido, honesto, pero sobre todo comprensible y cercano a la sociedad.
Pese a este mundo de declaraciones políticamente encontradas que conllevan a profundas reflexiones, se espera que con base a las nuevas reglas establecidas, no se conviertan en simulaciones o letras muertas, que haya efectividad, pero en relación a los conflictos políticos, es un devenir que no tendrá precedentes en la aplicación de sus procedimientos con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y sus famosas siglas NSJPA.

El PRD se mete en todo
Un tanto iluso, porque quien tiene el poder, lo ejerce, y nada más… qué decir.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como garante del Estado de Derecho y la legalidad, pronunciarse sobre los hechos ocurridos el pasado domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, en los que ocho civiles perdieron la vida tras ser baleados durante un fallido operativo de la Policía Federal para retirar un bloque carretero efectuado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) así como por organizaciones afines al sindicato y por población en general que ha respaldado al magisterio.
Y aunque las facultades de investigación de la SCJN fueron anuladas desde el año 2011, el PRD capitalino también le demandó de manera formal al Máximo Tribunal del país dar seguimiento puntual a las investigaciones que llevará a cabo la PGR por instrucciones de Enrique Peña Nieto para esclarecer este caso, a fin de que los deudos de las víctimas y todas y todos los mexicanos puedan tener certeza de qué fue lo que ocurrió ese domingo y no se quiera vender nuevamente una amañada «verdad histórica».
Al encabezar un acto frente a las instalaciones de SCJN, el dirigente del PRD-CDMX Raúl Flores, le exigió al gobierno federal el cese inmediato de la violencia homicida, establecer vías de diálogo y mediación para no lamentar más muertos y más actos de represión, pues recordó que todos los esfuerzos del Estado deben estar dirigidos a la solución pacífica de los conflictos sociales, políticos y económicos.
Acompañado de dirigentes perredistas, diputados locales y asambleístas constituyentes electos, dijo que lo justo y lo correcto es apelar a que los ministros de la Corte intervengan y no sean ajenos a aquello que causa estupor en el seno de la sociedad.
«El Estado mexicano ha sido omiso en poner en práctica los mecanismos de mediación que marcan las instancias internacionales, por lo que se hace necesario que la ONU y la OEA intervengan para poner en marcha sus oficios de mediación en el conflicto.
“Y la izquierda debe luchar por regresarle a la Corte las facultades de investigación que tenía y conseguir que sus resoluciones sea vinculatorias, y es que ante la actuación impune y represora del actual Gobierno, que sólo ha generado más desconfianza ante las instituciones, se hace indispensable la intervención del Máximo Tribunal y que lo haga con la asistencia de las comisiones de derechos humanos nacional y estatales», precisó.
Raúl Flores señaló que los lamentables hechos de Nochixtlán demuestran una vez más que el PRD no debe ser omiso en su acercamiento y vínculo con los movimientos sociales, y aclaró que su partido no busca capitalizar la tragedia ni un beneficio político, pues «de lo que se trata es de reclamar justicia en un hecho que nos recuerda las más de 600 muertes que se cometieron durante el salinato y el sexenio de Zedillo, que en su momento no fueron investigadas ni castigadas».
El líder del Sol Azteca recordó que la Reforma Educativa del Gobierno de Peña Nieto altera las condiciones bajo las cuales fueron contratados los maestros y que, contrario a lo estipulado en el artículo 123 constitucional, los despoja de sus empleos mediante un procedimiento legalmente viciado.
Y aunque enfatizó que no comparte algunos de los métodos de lucha de la CNTE, pues la protesta no debe salir de los márgenes de la no violencia y del respeto a la dignidad de sus semejantes, recalcó que es precisamente el Gobierno federal el que no debió permitir que las protestas del magisterio llegaran a este punto en el que ya se perdieron ocho vidas y en el que miles de personas diariamente, que no tienen nada que ver con el conflicto, sufren las afectaciones del mismo.
De igual forma, Flores García pidió a las autoridades de todos niveles y a los manifestantes ejercer la máxima prudencia ante el anuncio de más acciones y movilizaciones por parte de los maestros en reclamo del respeto a sus derechos pues, dijo, todos debemos tener altura de miras para ver qué podemos abonar para poder llegar a condiciones de entendimiento. Pidió castigo para los responsables de los hechos de violencia de aquel domingo y reiteró el enérgico rechazo de su partido a la violencia, «venga de donde venga».
Por su parte, Miguel Ángel Velázquez, asambleísta constituyente electo, dijo que los hechos de violencia del domingo demuestran que llegó el momento de decir basta, de volver los ojos a la justicia y demostrarle al gobierno de Peña Nieto que somos nosotros (la sociedad) quienes mandamos y no ellos (el gobierno) ni con todas las armas. El también periodista exigió justicia para todos los maestros antes de que haya más sangre y muerte.
El diputado local Victor Romo aseguró que el saldo sangriento del domingo demuestra que el Gobierno se equivocó pues no se puede permitir ese nivel de violencia.
«Pedimos al Gobierno federal que cese la violencia y a la SCJN que se involucre y que encuentre a los culpables. Es lamentable tener este Gobierno represor de las ideas. Los culpables tienen nombre y rostro, pedimos que cese la violencia, que se genere solución a las demandas del magisterio, no se puede usar el tolete para acallar a las personas. Pedimos a la SCJN que no sea tapadera y genere opinión sobre lo que pasó, y si alguien tiene que renunciar que así sea pero la justicia tiene que llegar a fondo», aclamó.
Roberto López, también constituyente electo, se pronunció en favor de la libertad de los presos políticos, de instrumentar mecanismos de diálogo y no usar policía en protestas. «El PRD tiene que ser solidario con los maestros porque lo que está en juego es la libertad de los mexicanos y está en entredicho la actuación de la PGR», demandó.
Rosy Laura Castellanos, defensora de los derechos humanos, al acompañar al líder perredista y a los asambleístas constituyentes electos a entregar a los representantes de la ONU y la OEA en México un documento para solicitar de manera formal su intervención en la resolución del conflicto, aseguró que lo ocurrido en Nochixtlán dejó en claro el Gobierno mexicano es un Estado que ha dejado de formular políticas de seguridad para la protección de los ciudadanos y en su lugar está aplicando políticas de represión, lo que hace la diferencia entre un Gobierno que resguarda los derechos humanos, que cumple su función, y un Estado que va en contra de sus propias leyes, por lo que urgió a Enrique Peña Nieto a recuperar el papel del Estado, un ente mediador, como Estado que protege la vida.
«La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 claramente señala el principio pro persona, que significa el resguardo absoluto de las personas y de sus derechos, por lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que revisar sus políticas de seguridad», puntualizó.

Por: Blas A. Buendía

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