Argentina: La judicialización de la política

Buenos Aires (PL) Argentina vive un «reality» judicial que condiciona la representatividad política y amenaza con reinstalar en la sociedad el «que se vayan todos».
El mediático fiscal Guillermo Marijuán comunicó que descubrieron la trama de cuentas off shore que el clan Báez tenía en Suiza, y que tenían ya el caso cerrado.
El aspecto melodramático de la información estuvo en resaltar que los titulares de las cuentas eran los cuatro hijos del empresario, propietario de compañías constructoras, y los aspectos de la maniobra de evasión.
La noticia se daba en paralelo al encuentro que mantuvo Lázaro Báez con los magistrados de la Cámara Federal, a quienes le iba a aportar datos -dijo- que servirían para comprobar que el juez Sebastián Casanello había estado reunido con la exmandataria Cristina Fernández en un intento de apartarlo de la causa.
Pero la pobre declaración, sin más pruebas que sus palabras, hizo que el traslado desde la cárcel de la localidad bonaerense de Ezeiza a los tribunales en la zona porteña de Comodoro Py resultara una pérdida de tiempo.
También hubo elementos nuevos en la causa que investiga el episodio bizarro de corrupción del exsecretario de Obras Públicas José López. En el monasterio de clausura, donde tenía pensado esconder los millones de dólares, las fuerzas de seguridad descubrieron tres bóvedas debajo de los asientos de la capilla.
Aunque las monjas hayan explicado que esos huecos encontrados eran sus propias tumbas, el impacto generado por la prensa, sumado al delirio místico que al parecer sufre López, hacen del caso un hecho magnético para el público. El gobierno nacional, agradecido.
Pero la fiesta de expedientes y la avalancha de causas judiciales contra funcionarios del anterior gobierno no se detuvo ahí.
La jueza María Servini procesó a tres exjefes de Gabinete de la gestión anterior por las irregularidades publicitarias del programa Fútbol para Todos. Se trata de Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
En esta causa también quedaron procesados el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, Luis Segura, y otros importantes dirigentes de la entidad deportiva como Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo.
Alentado por este panorama, el Congreso de la Nación apuró sus pasos y le dio tratamiento a algunas iniciativas que se inscribieron en la lógica perversa de judicializar la política porque, al parecer, es lo que hoy se va imponiendo en la sociedad.
En ese sentido, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de extinción de dominio que apunta a recuperar para el Estado los bienes obtenidos por terceros -físicos o jurídicos- de manera ilícita.
Pero lo que intencionalmente no explicó el oficialismo es que la expropiación puede darse aún sin sentencia penal firme.
La Cámara baja también aprobó la ampliación de la figura del arrepentido para los delitos de corrupción y la resolución que autoriza a la justicia a allanar el domicilio y las oficinas del exministro de Planificación y actual diputado, Julio De Vido.
Un precedente que amenaza la seguridad jurídica de todos los legisladores, y queda implícito la utilización para fines políticos de la figura del «arrepentido» que se podría manipular concediéndosela a un procesado a cambio de que acuse, sea real o no, a alguien más.
Pero esta agenda legislativa pensada con el termómetro social en una mano y las ofrendas mediáticas en la otra tuvo un cierre dorado para el oficialismo: la nueva ruptura del bloque opositor del Frente para la Victoria (FpV); en este caso, con la partida de los diputados de la agrupación social «Movimiento Evita«.
Un episodio que no hace más que poner en evidencia las divisiones y peleas internas que hay en el otrora partido de gobierno.
La judicialización de la política alimenta el hastío del pueblo que resulta testigo del retraimiento de sus capacidades económicas.
El dicho «la gente no come causas judiciales» parece un axioma que el presidente Mauricio Macri pretende refutar. No hay política de recomposición dirigida a los sectores vulnerables, sólo la utilización mediática de los casos de corrupción y el fomento del odio hacia quienes gobernaron a Argentina.
Una encuesta de la consultora Analogías refleja que el 48 por ciento de la población considera que el Gobierno utiliza los causas judiciales para ganar tiempo, en tanto el 50 por ciento desaprueba la gestión de la administración de Cambiemos.
En este ámbito de no-política que se quiere instalar, quienes ganan son aquellos que históricamente han pateado el tablero de la democracia y las instituciones.
Son los que piensan que con las armas y la persecución ideológica se puede poner «orden» en la sociedad. Son los demonios de un pasado que se fagocitan con volver.