Bogotá, 14 jul (PL) El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció hoy un grupo de medidas que endurecen la posición del Gobierno frente al paro de camioneros, el más largo protagonizado por el gremio, y buscan paliar los efectos de la protesta.
En una alocución desde la Casa de Nariño el mandatario advirtió que serán confiscados los vehículos empleados para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte, y canceladas las licencias de los conductores responsables de tales acciones.
La suspensión de los permisos de operación a propietarios y la imposición de multas de hasta 480 millones de pesos, unos 160 mil dólares, son otras de las disposiciones mencionadas por el gobernante.
Con el objetivo de evitar el desabastecimiento de productos esenciales, Santos decidió habilitar temporalmente a vehículos particulares para transportar carga y contrarrestar así las consecuencias de la huelga de camioneros, además será creado un centro desde donde coordinarán el traslado de mercancías con la ayuda de los choferes y empresas que quieran trabajar, dijo.
Unos 50 mil uniformados custodiarán las carreteras colombianas para evitar alteraciones del orden público, precisó.
Según el ocupante de la Casa de Nariño, los coordinadores del paro mantienen una actitud intransigente frente a las propuestas del Ejecutivo, que consideró generosas; en tanto los demandantes rechazaron tales declaraciones y reiteran su inconformidad con las soluciones sugeridas por la contraparte.
Desde el comienzo de la movilización los conductores piden rebajas en los precios de los combustibles y en las tarifas de los peajes, mayor seguridad en las calles para ejercer su oficio y acceso al seguro social, entre otras solicitudes.
Asimismo rechazan la sobreoferta causada por la circulación de carros sin los permisos establecidos, una competencia desleal, lamentaron.
La protesta subió de tono el martes en Boyacá, donde hubo disturbios y un huelguista resultó muerto presuntamente debido a enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el mismo día el gobernador de ese departamento sufrió un accidente atribuido por el Ejecutivo a actos violentos de los demandantes, no obstante versiones contradictorias sobre lo sucedido.
En Duitama, una de las localidades boyacenses decretaron el toque de queda y en otras aledañas las autoridades pusieron en vigor la ley seca.
En opinión del jefe de Estado, que asegura estar dispuesto a dialogar, la posición de los reclamantes no representa los intereses de los pequeños transportadores y vulnera el derecho de los ciudadanos a la seguridad alimentaria y la libre circulación.
Este jueves en un comunicado el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, llamó a ahondar las conversaciones con los camioneros luego de considerar justas sus exigencias y pidió cesar la represión contra los integrantes del gremio.
La lógica es reducir los peajes, el precio de los combustibles, que se garantice el salario y el seguro social de los trabajadores del transporte (reclamos de los choferes), pero la oligarquía piensa en una solución de fuerza para imponer exclusivamente sus intereses, insistió el líder de esa organización política en un comunicado.