- Código Penal de la CDMX, guía para homologar causales de ILE en el país
Todos los estados del país deben homologar las causales que permiten el aborto, tomando como ejemplo el Código Penal de la Ciudad de México, que lo despenaliza hasta las 12 semanas de gestación, con el fin de que ya no se criminalice a las mujeres que interrumpen un embarazo por diversas circunstancias.
Así lo propuso Susana Lerner, maestra en Demografía por El Colegio de México (Colmex) y autora, junto con Agnés Guillaume y Lucía Melgar del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos”, editado por El Colmex y presentado ayer en esa casa de estudios.
La también socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la tasa anual de abortos en México es de 35 mil aproximadamente, por cada mil mujeres, en contraste con lo que ocurre en países considerados desarrollados, que tienen una tasa por debajo de 20 mil, según datos oficiales.
Dijo también que, más allá de las cifras, preocupa la realidad que viven las mujeres en nuestro país, porque, si bien en las 32 entidades federativas se permite la interrupción legal del embarazo, cada estado reconoce diferentes causales y son también diversos los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer efectivos sus derechos.
Entre estos obstáculos está la resistencia del personal médico y de los agentes del Ministerio Público a cumplir con la ley, por desconocimiento de la norma o incluso bajo el argumento de la objeción de conciencia. Y muchas veces son los propios médicos y autoridades judiciales quienes acusan a las mujeres de cometer el delito.
INNECESARIO ENCARCELAR MUJERES
Al respecto, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero –quien comentó el libro junto con el doctor Arnoldo Kraus, especialista en bioética, la senadora Marta Tagle, la investigadora Ivone Szasz y la directora de El Colmex, Silvia Guiorguli– afirmó que no es razonable y es innecesario encarcelar a una mujer que se ve obligada a tomar la decisión de interrumpir un embarazo.
La legisladora Marta Tagle informó que las restricciones que existen para la interrupción del embarazo tienen a 679 mujeres en prisión, acusadas por homicidio agravado en razón de parentesco, por lo que podrían pasar más de 30 años en prisión, aunque se trate de casos donde las mujeres viven en pobreza o en los que ni siquiera haya sido un aborto inducido.
De acuerdo con los códigos penales estatales, la causal legal que existe en todos los estados del país es que el embarazo sea consecuencia de una violación sexual.
Otras causales que se consideran son: cuando hay riesgo grave para la vida de la mujer, permitida en 24 estados; alteración genética en el producto, válida en 16 estados; inseminación artificial no consentida, en 13 entidades, y situación económica, en dos.
De ahí la propuesta de homologar las causales de aborto en toda la República, tomando como ejemplo el Código Penal de la capital del país, calificado como “de avanzada” por la ministra en retiro Sánchez Cordero.
Tagle advirtió que desde 2008 en 17 entidades del país se han aprobado normas contra la interrupción legal del embarazo, bajo el argumento de la protección a la vida desde “la concepción”, siendo Veracruz el caso más reciente. Y todo esto, dijo Sánchez Cordero, dentro de una “embestida de las iglesias”.
EL LIBRO
“Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos”, escrito por Susana Lerner, Agnés Guillaume y Lucía Melgar y editado por El Colmex, analiza los argumentos que se dieron durante las audiencias públicas convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la aprobación, en 2007, de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y de la acción de inconstitucionalidad que se promovió contra ésta.
Su objetivo, señalan las autoras, es contribuir a una reflexión rigurosa y fundamentada acerca de esta compleja cuestión, desde la perspectiva del derecho a la salud y los derechos humanos, en el contexto de la política de población en México y de las evidencias científicas acerca del impacto de los marcos jurídicos en la salud y bienestar de las mujeres.
Fuente: Cimacnoticias