Guatemala, 6 sep (PL) El Estado de Guatemala continúa hoy azotado por destituciones, desafueros y capturas de funcionarios de alto rango en virtud de actos de corrupción, abusos de poder y otros delitos.
El Congreso de la República continúa siendo el órgano de poder más impactado por esta oleada, prácticamente iniciada a menos de dos semanas de la investidura del actor de 47 años de edad, el 14 de enero de 2016.
Sin embargo, este lunes salió a la palestra lo que el rumor popular propalaba acerca de posibles irregularidades y remociones en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), ente encargado de garantizar la protección del presidente y vicepresidente.
El presidente Jimmy Morales confirmó que decidió separar de sus cargos al secretario y al subsecretario de esa institución, Jorge Ignacio López Jiménez y César Augusto Sagastume, de manera respectiva.
En un comunicado, la presidencia explicó que la intención es favorecer cualquier proceso de investigación y por esto se puso a disposición de la justicia todo elemento que contribuya a la averiguación de la verdad.
Aunque los detalles explicativos faltaron, varios consultores políticos recuerdan que estas destituciones sucedieron después que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza denunciaran ser vigilados por un grupo clandestino, posiblemente vinculado a la SAAS y dedicado a seguir a civiles.
Con antelación, uno de los trabajadores de la SAAS presentó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PHD), en la cual dejó constancia de la existencia de una estructura de vigilancia ilegal dentro de ese ente.
La queja, con fecha 27 de enero de 2016, señala que López Jiménez y el ahora diputado de la bancada oficialista Herberth Armando Melgar Padilla, tienen conocimiento de esa situación.
Sin embargo, en el despacho del 19 de agosto con los legisladores de la UNE, López Jiménez desestimó esas imputaciones y aseveró que la institución dirigida por él carece de un aparato de investigación de esa índole.
En medio de esta controversia un juez penal giró una orden de captura contra el expresidente del Congreso de Guatemala (2015), Luis Rabbé, por supuestos actos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción durante su gestión.
Mas la aprehensión del diputado, quien perdió su inmunidad en agosto, continúa pendiente debido a que se desconoce su paradero.
Otros tres excongresistas también perdieron sus fueros a mediados del mes anterior tras ser implicados en un escándalo de corrupción en el Congreso, en virtud del cual fueron detenidos.
En tanto otros dos parlamentarios renunciaron y ocho fueron desaforados, para enfrentar el proceso penal correspondiente por ofender a una gobernadora indígena.
Destituciones, desafueros y capturas azotan el poder en Guatemala
